Redacción. El alcalde Roberto Contreras aseguró este lunes que las acusaciones en contra de su esposa Zoila Santos, por la presunción de tres delitos (incluido el de tráfico de influencias), fueron presentadas como represalia por un funcionario de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Las declaraciones de Contreras surgieron luego de acompañar a su esposa a la citación emitida por el Ministerio Público de Tegucigalpa el pasado lunes 5 de agosto. «Lo que están investigando es un tráfico de influencias en el caso de mi esposa. Hemos aclarado que mi esposa no maneja ninguna unidad ejecutora en la municipalidad. Mi esposa no maneja presupuestos, mi esposa no hace compras, mi esposa no hace cotizaciones. Mi esposa es la encargada de manejar ad honorem el Museo de la Niñez», expresó el edil.
Explicó que las acusaciones forman parte de una venganza por una denuncia que interpuso contra un funcionario de la municipalidad sampedrana, de quien decidió omitir su nombre y quien, según dijo, le «ha hecho la vida de cuadritos. Pero no haremos feliz a aquellos que nos quieren ver infelices a nosotros».
No hay nada que ocultar
«Que llegue la Fiscalía, que investigue lo que quiera, vamos a ver cuántas veces nos piden que vengamos. Nuestras manos están limpia, nuestras consciencias tranquilas, así que no hay ningún problema. No tenemos nada que ocultar», agregó Contreras.
Afirmó que hoy se marca como un día histórico, ya que es la primera vez que se cita a la esposa de un alcalde de San Pedro Sula al Ministerio Público como calidad de testigo, para darle seguimiento a una serie de investigación sobre contratos municipales. Entre ellos, la presunta compra de una vivienda valorada en al menos $10 millones y la supuesta firma de licitaciones en la compra de semillas para la agricultura.
«Tal acción sólo puede hacerla posible un funcionario de alto nivel que está bien entroncado en el gobierno central. A todas luces, lo único que pretende es que yo renuncie de la municipalidad o que se me inhabilite».
Presentación de pruebas
Por su parte, Walter Ramírez, el apoderado legal de Santos, informó que se hizo la presentación de medios de prueba de descargo pertinentes en relación con el caso de su cliente.
«El Ministerio Público está haciendo sus investigaciones (…). Es una investigación bastante amplia en relación con un montón de supuestos hechos y el Ministerio Público está delimitando esos hechos», dijo.
Agregó que las autoridades fiscales han sustraído documentos de la municipalidad y, por lo tanto, se encuentran procesando la información y tomando las declaraciones. Pero aclaró que «las líneas de investigación que se le señalan a ella no tiene nada que ver con el cargo ad honorem que hace dentro de la municipalidad».