Redacción. La oficial jurídico del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Iliana Licona, dio a conocer que al menos 660 agentes de seguridad fueron denunciados, durante la vigencia del estado de excepción, desde que la medida entró en vigencia hasta julio del 2024.
De acuerdo con Licona, desde el inicio del estado de excepción, el Conadeh ha sido muy claro con su postura sobre la no prolongación de dicha medida y ha advertido sobre el abuso y la desnaturalización de esa figura.
En ese sentido, expuso que una suspensión de garantías no puede funcionar como política de Estado, incluso hay estándares internacionales de derechos humanos que señalan que la suspensión de garantías no debe utilizarse como política para combatir la criminalidad común.
Por ello, reveló que el Conadeh ha llevado un registro de quejas desde la implementación del estado de excepción en diciembre del 2022. Hasta julio del 2024, hay más de 660 quejas en contra de agentes de seguridad.
Los más denunciados son los miembros de la Policía Nacional con 248 quejas. Sigue la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) con 177 y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con 127, según el Conadeh.
Licona indicó que las quejas atendidas por el Conadeh están relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza durante los allanamientos o las detenciones. Al igual que, la incriminación con medios de pruebas falsas o con motivos aparentemente no comprobables y daños a la propiedad privada.
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Estado de excepción
Licona también recordó que el Conadeh ha realizado informes sobre la efectividad de la medida y el impacto desproporcionado de los derechos de las personas, principalmente sobre las mujeres.
«Hemos emitido tres informes respecto a las vulneraciones a los derechos humanos durante el estado de excepción. El último relacionado con la violencia de género donde quedó evidenciado que las mujeres no solo se enfrentan a la violencia física y verbal, en el marco de la implementación del decreto ejecutivo, sino que también a la violencia sexual», explicó.
Finalmente, dijo que el Conadeh ha argumentado en reiteradas ocasiones la no ampliación del estado de excepción por los motivos mencionados. Al igual que ha recomendado la construcción de una política de seguridad basada en derechos humanos y con un enfoque de género, agregó.
El estado de excepción, que entró en vigencia desde diciembre del 2022, lo han ampliado en 14 ocasiones. El propósito es restablecer la paz y el orden, preservar la vida y hacerle frente a delitos como la extorsión, según el gobierno.
Actualmente, la medida la extendieron hasta el 2 de octubre del 2024 y se aplica en 226 municipios de los 18 departamentos de Honduras.
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