Redacción. El Gobierno de Guatemala y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) firmaron un memorando de entendimiento para la seguridad conjunta en aeropuertos y puertos del país.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que los agentes de la CBP, pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional, aún no se han instalado en Guatemala.
Estos oficiales formarán parte de un plan de seguridad conjunta en el Aeropuerto Internacional La Aurora y en varios puertos del país.
Durante la conferencia de prensa La Ronda, la viceministra antinarcóticos, Claudia Palencia, respondió a las preguntas sobre la llegada y ubicación de los agentes del CBP. Confirmó a Prensa Libre que “los agentes del CBP todavía no están trabajando en el país”.
Palencia explicó que ya se encuentra en marcha la fase administrativa del proceso, que incluye la selección del personal destinado al Aeropuerto La Aurora, el cual trabajará de manera conjunta con agentes estadounidenses.
Además, informó que las autoridades están identificando las áreas físicas que ocuparán los agentes y diseñando las rutas logísticas para detectar paquetes o personas que presenten señales de actividades relacionadas con el narcotráfico u otros delitos al ingresar a Guatemala.
El acuerdo entre Guatemala y EE. UU.
El pasado 26 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, firmaron un memorando con el fin de fortalecer la seguridad en aeropuertos y puertos guatemaltecos.
Aunque Noem declaró a medios internacionales que se trataba de un “acuerdo de tercer país seguro”, una semana después el Mingob publicó el documento y negó que Guatemala hubiera aceptado esa condición.
El memorando tiene como objetivo implementar el Programa de Seguridad Conjunta, para mejorar la cooperación bilateral en seguridad fronteriza. La iniciativa busca intercambiar información y buenas prácticas para identificar a viajeros vinculados con organizaciones criminales o terroristas.
Asimismo, el documento aclara que uno de sus propósitos principales es evitar el ingreso o salida de personas que representen una amenaza a la seguridad nacional de EE. UU. o de Guatemala.

Principios y criterios del programa
Se prevé que la CBP asigne oficiales al Aeropuerto Internacional La Aurora en coordinación con el Mingob, siguiendo procedimientos operativos independientes definidos antes del inicio de operaciones.
Según el documento, estas operaciones estarán bajo la dirección del jefe de Misión de EE. UU. en Guatemala, a través del Programa de Asesoría de Inmigración (IAP), y en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Además, el Mingob deberá gestionar las autorizaciones necesarias para que el personal de CBP acceda a zonas operativas restringidas, como las áreas internas de los aeropuertos.
El memorando establece que cada parte debe garantizar la confidencialidad de la información intercambiada, salvo en los casos en que exista una obligación legal de divulgarla.
De igual interés: EEUU no dejará entrar ni salir a quienes no pasen esta prueba obligatoria en aeropuertos
Responsabilidades de CBP y Mingob
CBP brindará asistencia técnica para identificar viajeros de alto riesgo. También capacitará al personal del Mingob, compartirá información clave y colaborará en crear procedimientos operativos efectivos.
El Mingob, por su parte, deberá facilitar el acceso del personal estadounidense a las instalaciones necesarias. Además, gestionará espacios para estacionar los vehículos del programa, en la medida de lo posible.

¿Se puede cancelar el acuerdo?
El documento especifica que CBP podrá solicitar privilegios e inmunidades diplomáticas para sus funcionarios, y que cada país asumirá sus propios costos.
“El presente memorando representa un entendimiento entre los participantes y no constituye un acuerdo jurídicamente vinculante”, indica el texto.
El acuerdo establece que las partes pueden modificar su contenido por escrito. También permite finalizar la cooperación en cualquier momento, siempre que se notifique con al menos seis meses de anticipación.