EL SALVADOR. -A un año de haber tomado posesión el gobierno del presidente Nayib Bukele tendrá que hacer frente a una crisis sin igual en las arcas del Estado, resultado en gran parte de la herencia recibida de las administraciones anteriores, pero potenciado por la pandemia y reforzado —por lo que muchos analistas señalan— por un desorden en las cuentas públicas.
En 2019 El Salvador tenía una deuda que rondaba ya el 70.1 % del producto interno bruto (PIB), es decir $19,808.4 millones y un déficit fiscal de 3.1 %.
Para este año, las proyecciones oficiales señalaban que la situación se mantendría, pero se esperaba un crecimiento económico de 2.5 %, con tendencia alcista por las buenas expectativas de inversión privada que incidiría en una mayor recaudación.
No había que pagar fuertes vencimientos de deuda, sino que solo amortizaciones por $281.3 millones que estaban contempladas en el presupuesto.
El golpe de Covid-19
Pero en marzo de este año todas esas proyecciones se fueron al traste y el golpe que trajo el covid-19 para la economía salvadoreña es uno de los más fuertes de la región centroamericana.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el PIB local caerá un 4.4 %, eso implica que se perderá $1,199 millones comparado con 2019. Y la deuda aprobada para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia, y tapar los faltantes por la baja de ingresos al fisco, será de $3,000 millones. Eso sin contar el nuevo refuerzo que solicitará el gobierno para atender los estragos por la Tormenta Amanda.
Eso llevará en los escenarios más conservadores, a que la deuda pública cierre este año arriba del 82 %, es decir que de cada 100 dólares producidos, los salvadoreños deberán $82. Y el déficit fiscal, que es la diferencia de los ingresos que recibe el Estado versus los egresos, sería de un 8.5 % a un 12 % según las diferentes mediciones.
Deuda histórica
En marzo pasado, la calificadora de riesgo Moody’s reafirmaba la calificación del país en B3 (que es una nota como altamente especulativa) pero cambiaba —hacia arriba— la perspectiva de estable a positiva.
Ariane Ortiz-Bollin, vicepresidenta y analista de la calificadora, aseguró que esa perspectiva es tomando en cuenta la calificación, porque venían viendo entendimientos y presupuestos aprobados a tiempo en la Asamblea. Pero eso no implica que la perspectiva pueda cambiar.
A niveles de calificación crediticia, que es la nota que ven los inversionistas para adquirir bonos del país analizado, El Salvador ha estado en la gloria y en los infiernos.
Tuvo en algún momento grado de inversión que lo perdió en 2009 y también tuvo calificación «C» en 2017, después de dejar de pagar $3 millones en los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que sirven para financiar las pensiones del sistema de repartos anterior.
Las presiones aumentan
Y aunque los analistas consultados consideran que este año no hay riesgos de una crisis por impago o «default» porque no hay que hacer fuertes amortizaciones a la deuda, sí consideran que las presiones estatales son cada vez mayores y que pueden llevar a un problema de capacidad de pago, sobre todo tomando en cuenta que los ingresos van en picada (por la falta de actividad económica y la «amnistía») y que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, asegura que no hay fondos para poder pagar los salarios de los empleados públicos en junio.
«Están llegando a un punto de auto estrangulamiento», dice Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR). Acevedo señala que la baja de ingresos, el aumento del gasto y el cierre de la economía está llevando al país a una crisis sin igual.
Según cálculos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) la recaudación tributaria caerá este año entre $645 y $700 millones.
Para Ortiz-Bollin, de Moody’s, la situación fiscal del país ha estado delicada por varios años, pero «este es el momento en el que se tiene menos espacio fiscal… lo que preocupa es la carga de intereses, no solo por la tasa, sino el monto total de intereses que tiene que pagar el país respecto a los ingresos; esto en un contexto de bajo crecimiento se hace más difícil de manejar». Las mediciones de Moody’s, señalan que el pago de intereses rondará este año el 20% de los ingresos del Estado.
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El golpe
Para la crisis de la pandemia el gobierno solicitó la aprobación de deuda a la Asamblea por $3,000 millones. De estos fondos a la fecha solo se tiene 100 % asegurado $639 millones: los $389 millones otorgados por el FMI (que ya están en la cuenta del BCR), pero aun no ha sido ratificados, es decir que no están en la manos de Hacienda y los $250 anunciados la semana pasada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Gobierno dice que la Asamblea no quiere ratificar la tercera autorización, pero según Carolina Alas de Franco, economista de FUSADES, la ley señala que esos fondos se tienen que incorporar a un presupuesto extraordinario y es lo que el gobierno no ha hecho.
FUSADES, como otras entidades y analistas, destacan la falta de transparencia que ha existido en el manejo de las gastos en la pandemia. Hasta el mes de abril los gastos estatales habían aumentado un 30 %.
Poco margen de maniobra fiscal para El Salvador
Alas agrega que en los reportes entregados por el gobierno no está definido específicamente para que rubro se utilizará tal monto, sino que son datos con «líneas generales» y muchas veces hay incoherencias de unos reportes a otros.
José Andrés Oliva, economista de FUSADES, señala que el presupuesto ordinario ya tiene un faltante y se debe hacer un presupuesto extraordinario. «Se debe tener claridad, transparencia y mucha coherencia, y que sea consistente el planteamiento del gasto extraordinario y cómo se piensa financiar», agrega.
A ello se agrega la necesidad de contar con un plan para resolver la necesidad de los fondos. «Se debería de tener un plan para ver qué es prioritario y hacer un esfuerzo mayor por el lado del gasto», dice Alas.
Opciones para enfrentar crisis
Las opciones de El Salvador para lograr tener los fondos para hacer frente a la crisis de los gastos no son muchas. La más viable es obtener recursos de los bancos multilaterales.
«Las condiciones de los mercados internacionales hoy son complicadas para los mercados emergentes. En general y en particular para países como El Salvador que tienen riesgos altos de liquidez», puntualizó Ortiz-Bollin.
Ir a los mercados internacionales actualmente podría ser considerado un acto desesperado, las tasas no bajan del 11.5 % y eso implicaría por lo menos unos $100 millones más para la cuenta.
Fuente: El Economista, Prensa Gráfica.
