Tegucigalpa- La Corte Suprema de Justicia( C.S.J) admitió el amparo interpuesto por los representantes legales del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Esta acción legal tiene la finalidad que el presidente del Congreso Nacional pueda conocer los casos por los cuales se le investiga por parte del Ministerio Público.
Esta investigación tiene su origen en el caso que maneja la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), sobre la vinculación de varios diputados y exdiputados incluyendo Oliva en supuestos actos de corrupción.
Karla Patricia García Arita, abogada de Oliva, había presentado el 7 de mayo el recurso.
Esta acción se presentó ante la Secretaría General del Ministerio Público y fue resuelto hoy.
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Por mayoría de votos
Por mayoría de votos (9 a 6) el pleno de Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha admitido el recurso de amparo administrativo con suspensión del acto reclamado a favor del Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
El recurso había sido admitido por la Sala de lo Constitucional sin la suspensión del acto reclamado.
Lo anterior, por la disidencia de dos magistrados de esta instancia el mismo pasó al pleno de magistrados de la C.S.J.
Bajo este fallo la C.S.J autoriza y ordena al juez que conoce la causa, poner a disposición de la defensa de Mauricio Oliva los expedientes.
Estos documentos contienen las razones y temas por lo que es investigado por el Ministerio Público.
Con la resolución de la CSJ, los abogados del presidente del Poder Legislativo conocerán a detalle por qué lo investigan; por los presuntos delitos de lavado de activos.
“Manda a que se suspenda la investigación mientras tanto no se le informe al ciudadano Mauricio Oliva cuál es el contenido de esa tarea investigativa”.
Lo anterior lo detalló el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
“Esos son los alcances en los que el pleno se pronunció, en relación a esta medida se solicitó en el recurso de amparo», dijo Duarte.
Agregó que la acción legal está fundamentado en el artículo 59, 60 y 61 de la Ley de Justicia Constitucional.
Duarte indicó que también está fundamentado “en el artículo 82 del Pacto de San José, que la Declaración de los Derechos Humanos.
Asimismo, el artículo 82 de la Constitución de la República y el artículo 101 del Código Procesal Penal.
