Redacción. Desde que Donald Trump volvió a la presidencia, su administración ha retirado de sus hogares a más de 500 niños migrantes que ya residían en Estados Unidos, colocándolos bajo custodia del Gobierno. La mayoría de estos niños vivía con padres, tíos o abuelos que actuaban como sus patrocinadores legales.
Según tres fuentes familiarizadas con la operación, los menores fueron detenidos tras controles de “bienestar” realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos procedimientos, que anteriormente eran poco frecuentes, se han intensificado como parte de una nueva campaña nacional respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En algunos casos, el FBI también ha participado.
La administración argumenta que las medidas buscan proteger a los niños de entornos inseguros o de posibles redes de tráfico y explotación. Sin embargo, defensores de derechos humanos y exfuncionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sostienen que el enfoque actual dificulta la reunificación familiar y prolonga innecesariamente la permanencia de los menores bajo custodia federal.
Actualmente, más de 2,500 niños migrantes se encuentran bajo la responsabilidad de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una división del HHS encargada de su resguardo hasta que puedan ser entregados a un patrocinador aprobado. Pero nuevas directrices han endurecido los procesos de verificación, haciendo más difícil que padres y tutores legales recuperen a sus hijos.
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Efectos emocionales
Informes internos reconocen que las políticas recientes han incrementado el tiempo promedio de detención de los menores y han generado efectos emocionales negativos, como casos de depresión entre los niños.
Un informe del inspector general del HHS publicado en 2024 identificó deficiencias en el proceso de verificación de patrocinadores. Este señaló que en el 16 % de los casos analizados no se documentaron adecuadamente los controles de seguridad requeridos.
Funcionarios del Gobierno actual afirman que las nuevas medidas buscan corregir esas fallas. “Ningún niño debe ser entregado a alguien que no cumpla con los estándares básicos de seguridad”, declaró Andrew Nixon, vocero del HHS.
Organizaciones y expertos, sin embargo, insisten en que ya existen mecanismos para dar seguimiento a los menores después de su liberación. Además, advierten que las políticas de Trump podrían causar más daño que protección, especialmente al separar a niños de entornos familiares estables.
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