A partir de este 2025 y por los próximos 20 años, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el Instituto de Previsión Militar (IPM) y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) serán los encargados de la gestión del contrato de financiamiento del Centro Cívico Gubernamental (CCG).
Hasta el 31 de diciembre de 2024, la gestión del cumplimiento del contrato fue ejecutada con la asesoría de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Durante el resto del contrato de la concesión, esta estará bajo la supervisión de una Comisión Interinstitucional creada con dos gestores de cada instituto de previsión.
Las instalaciones del Centro Cívico fueron financiadas por los institutos de previsión antes mencionados, con un monto de 135 millones 942 mil 574 dólares, y una tasa de interés del 7.60 %. Lo invertido por los institutos representa un 73 % del total de la inversión, mientras que la banca e inversores privados financiaron el 27 % restante, todo esto a través del Crédito Sindicado Multidivisa.
La construcción del Centro Cívico tuvo un costo inicial de 236 millones de dólares, pero finalmente se amplió hasta alcanzar los 440 millones de dólares. Actualmente y hasta 2044, las instalaciones están bajo la concesión de la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH).
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Función
El director de INJUPEMP, Amable de Jesús Hernández, afirmó que la Comisión será responsable de proponer mecanismos legales y técnicos para las intervenciones conjuntas de los institutos en relación con el contrato de financiamiento del proyecto, garantizando que se gestionen adecuadamente las transacciones y modificaciones necesarias en el sindicato de financistas.
Además, sostuvo que el manejo de las instalaciones físicas seguirá bajo el control de la concesionaria DOIH hasta 2044, así como lo establecido en el contrato.
«No tiene ninguna repercusión legal. UNOPS terminó su proceso el 31 de diciembre… Nos representaba a todos (los institutos de previsión), nosotros le pagábamos. Como ha terminado, ahora lo asumimos directamente; es lo mismo, pero con personal institucional», dijo.
Hernández resaltó que estarán «encima para prevenir riesgos, porque hay algunos incumplimientos en los que ha caído esta concesionaria, de acuerdo con el contrato, como el Fondo de Reserva para garantizar el pago a tiempo por el capital invertido por los institutos de previsión».
Ahorro y ofertas
Hernández, por otra parte, afirmó que, previo a tomar la decisión de asumir la gestión del Centro Cívico, recibieron unas tres ofertas de asesoría externa, pero estas implicaban un alto costo.
«Tomamos la decisión de que los cuatro institutos nombraran una Comisión que se encargue de la gestión del contrato de financiamiento. Hay algunos que creen que vamos a tomar las llaves y rentar locales, pero eso no es así: es una concesión privada», expresó.
El titular de INJUPEMP detalló que asumir la gestión del CCG significa un ahorro de 1.5 millones de dólares anuales y que, en los 20 años restantes, representará un ahorro total de 30 millones de dólares para los institutos.
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Revisión del contrato
Sobre el tema, el analista José Antonio Martínez recomendó que se realice una revisión del contrato de concesión de las instalaciones.
«Si lo han hecho de una forma autónoma o unilateral, podría contemplar demandas para el Estado. Si es un convenio tripartito deberían revisar el contrato, ya que tiene fuerza de ley y debe cumplirse al tenor de los mismos», manifestó.
Amarrado
En 2023, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, presentó una moción para que se investigara el contrato del CCG. Ante ello, la Junta Directiva nombró una Comisión especial que no obtuvo resultados positivos.
Umaña explicó que la Comisión únicamente les dijo que el contrato contaba con cláusulas que no podrían modificarse y que tenían atado al Estado.
«Presenté dos mociones: una para la revisión del contrato y otra para investigar las cláusulas del parqueo. Solamente enviaron el contrato, pero nunca lo revisaron ni presentaron el informe», sostuvo el congresista.
Agregó que «manifestaron que el contrato, al igual que el de COVI (concesionaria de los peajes de la carretera CA-5), tenía un montón de cláusulas que no podrían rescindirse. Que estaba bien amarrado y que así lo iban a dejar. De ahí no dijeron nada más y no presentaron el informe».
Aunque el cambio de gestores del financiamiento del CCG busca garantizar el cumplimiento del pago del proyecto, los hondureños seguirán cargando con los altos costos de las rentas que paga el gobierno en las instalaciones. Las decisiones tomadas por las autoridades no logran aliviar el impacto económico en los bolsillos del pueblo, que continúa siendo el principal afectado.
