San Pedro Sula, Honduras. Luego de las órdenes de captura libradas este viernes por el Ministerio Público (MP) contra varios exfuncionarios de la Municipalidad de San Pedro Sula y algunos desarrolladores de un proyecto habitacional en San Pedro Sula, han surgido cuestionamientos respecto a cómo estas acciones pudieran afectar las inversiones en el país.
En tal sentido, Diario Tiempo contactó con una voz autorizada como Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), quien desde la óptima empresarial hizo sus valoraciones al respecto.
Afecta la inversión
Respecto a las posibles consecuencias negativas para el clima de inversión que pudieran derivar de este tipo de acusaciones, Facussé considera que, «estas acciones claramente tendrán consecuencias«.
En este sentido, el empresario asegura no comprender la razón por la que «están metiendo en la colada a quienes construyeron, detonaron rocas o hicieron trabajos ahí».
Y es que, según la acusación de la Fiscalía, el proyecto «inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó daños y perjuicios al medio ambiente, principalmente a las fuentes de agua, flora y fauna de la zona de reserva» donde está situado.
No obstante, en un comunicado posterior, los responsables del proyecto garantizan haber «cumplido hasta el último de los requisitos para poder operar legalmente«. Y aseguran que cuentan «con todos los permisos, estudios legales y ambientales del país».
¿Responsabilidad?
En este sentido, Facussé considera que los desarrolladores del proyecto no tienen responsabilidad en lo sucedido, sobre todo, con respecto a los permisos ambientales otorgados.
«Se está llevando el problema a algo que es fácilmente solucionable con un estudio de impacto ambiental. Si en todo caso (el proyecto) se tenía que cambiar de categoría 3 a 4, pues hacer el cambio respectivo», sugirió.
Sus palabras se refieren a la parte de la acusación de la Fiscalía. Esta señala que los desarrolladores habrían dividido el proyecto en tres partes para luego supuestamente solicitar la licencia ambiental como uno de categoría 3. Esto aún y cuando debería ser categoría 4 por estar ubicado en una zona considerada «ambientalmente frágil«.
No obstante, considera que con estos cambios, la obra pudo haber cumplido con los requerimientos ambientales que dicta la ley.
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Proteger la inversión
El presidente de la CCIC dijo, además, que no entiende por qué razón el Ministerio Público llegó hasta el extremo de acusar y girar órdenes de captura contra varias personas «en lugar de proteger la inversión y buscar la solución al proyecto».
Su postura al respecto también va en consonancia con la de los impulsores del proyecto, para quienes las acciones de la Fiscalía «ponen mal predicado no solamente a los funcionarios sino al país en general».
Y añade que «pone en entredicho a un Estado que no respecta las leyes ni da seguridad a sus ciudadanos e inversionistas».
Ciudad Jaraguá «repudia» acciones
El proyecto habitacional Ciudad Jaraguá manifestó, mediante un comunicado, su «repudio» contra las «actuaciones ilegales» efectuadas este viernes por parte de agentes de la ATIC y miembros del Ministerio Público.
Esto a raíz de los allanamientos y órdenes de captura ejecutadas por las autoridades judiciales contra algunos desarrolladores del proyecto.
«Sus ejecutivos y socios han sido objeto del atropello más ominoso e ilegal, al darse órdenes de captura amparadas en un juicio que no llena ninguno de los requisitos y procedimientos que las leyes actuales del país ofrecen a los ciudadanos en general y a los inversionistas en particular», reza el documento.
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