TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Bancada del Partido Nacional (PN) calificó como «un acto de soberbia» la orden de la presidenta Xiomara Castro, de deducir responsabilidades a los promotores de movilizaciones en Choluteca.
Mediante un comunicado, los miembros de este instituto político expresaron que las acciones de la mandataria constituyen un «absoluto irrespeto al elemental derecho humano a la protesta».
En este sentido, la bancada del Partido Nacional señaló que Castro no tomó la misma actitud cuando colectivos de Libre se tomaron varios centros de salud importantes del país. Además, el documento establece que el gobierno desea imponer una legislación a la fuerza y sin diálogo.
«No es más que el inicio del verdadero régimen totalitario de izquierda, que es el proyecto político de Libre», indicó el comunicado.
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Llamado a la Presidenta
La bancada del Partido Nacional hizo un contundente llamado a la presidenta Xiomara Castro para que gobierne para todos los hondureños y no solo su militancia.
«Deje en el pasado su resentimiento y odio acumulado desde 2009», exigen. De igual manera, el documento cita los artículos 78 al 81 de la Constitución de la República que hablan sobre el derecho a la protesta.
«Ninguna autoridad civil, policial o militar está por encima de la Carta Magna y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Violentar esos preceptos implica un delito», resaltan.
Consejo de ministros respalda al CNDS
El Consejo de Ministros respaldó la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tras la reunión con la mandataria, Xiomara Castro, condenando los «actos de violencia» en las manifestaciones en oposición a la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
En tal sentido, considerando las manifestaciones en Choluteca el día de ayer 9 de mayo, supuestamente organizada por empresas y líderes políticos en oposición al gobierno, en la reunión condenaron dichos actos financiados y utilizados, según el oficialismo, para influir sobre el Congreso Nacional y evitar la aprobación de este proyecto de Ley.
La mandataria acordó «condenar los actos de violencia en el marco de la socialización y discusión de la Ley de Justicia Tributaria que ha puesto en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado».
Por lo tanto, el Consejo de Defensa y el Poder Ejecutivo acordaron proceder a diseñar una estrategia de prevención y combate. Asimismo, de investigación y sanción.
«Este consejo ordena la investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en la ciudad de Choluteca el 9 de mayo. Esto cuando empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados para movilizarse en contra de la Ley e impedir que sea discutida y aprobada», comentó Castro durante la lectura del acuerdo.
Identificar a los responsables
Asimismo, indicó que buscarán identificar a los responsables de incentivar, manipular y financiar conductas que afecten los derechos de la ciudadanía. Así mismo, que busquen desprestigiar las acciones del Gobierno.
En tal sentido, con elementos probatorios se deberán deducir las responsabilidades y ejecutar acciones conforme a la Ley.
Finalmente, se hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a las «manipulaciones». Estas las realizarían personas y grupos que pretenden utilizarlos para mantener sus privilegios.
Asimismo, se realizó una invitación a la ciudadanía para que denuncie estas acciones a las autoridades para así aplicar todo el peso de la ley.