TEGUCIGALPA, HONDURAS. La directora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), Hedme Castro, denunció diversas irregularidades en cuanto a la asignación de medidas de protección para las personas en situaciones de riesgo por parte de los entes defensores de derechos humanos (DDHH).
Cabe indicar que ayer, el abogado defensor de DDHH, Ely Portillo, sufrió un nuevo atentado en el sur del país. De manera similar, el togado dijo que después del altercado, llamó al servicio de protección, pero que la respuesta del mismo fue lenta y casi ineficiente.
En ese sentido, la titular señaló que unos de los hallazgos encontrados es que no hay sensibilidad y discriminación por parte de los organismos defensores de DDHH, hacia la persona al momento de solicitar protección.
«El mecanismo no tiene sensibilidad en la aplicación de las medidas. Discrimina desde el momento de que uno llega a solicitar el apoyo o poner una denuncia. Le preguntan», ¿En qué organización trabaja? Desde ese momento le está poniendo obstáculos a la persona y la esta intimidando», destacó Castro.
A su vez, precisó que «el presupuesto no es muy transparente porque se rehúsan a dar una información coherente con el que trabajo que están haciendo». Asimismo dijo, que «aún no sabemos qué medidas están aplicando y en que se está gastando ese presupuesto».
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Presupuesto
Mientras tanto, Castro detalló que el presupuesto del Mecanismo para la Protección de Personas en Situaciones de Riesgo de los Derechos Dumanos es de 25 millones de lempiras. «De eso, 12.5 millones son para salarios y viáticos», añadió.
Por lo anterior, la directora aseveró que durante una investigación realizada por ella misma, al consultar los salarios de los defensores de DDHH, «dijeron que era secreto, era confidencial y los viáticos también son confidenciales».
“El otro porcentaje de 50%, que son 12.5 millones, hasta el momento que nosotros presentamos el informe habían invertido cuatro millones. O sea, faltaban más de ocho millones para ser invertidos en las diferentes medidas que según ellos ejecutan para las personas que están en riesgo”, agregó.
De acuerdo con Castro, esos millones se han invertido en, «por ejemplo cableados subterráneos, cercos eléctricos, diversos paneles solares y carros blindados. Tenemos conocimiento de dos defensoras de DDHH, que ha hecho uso de eso por el alto nivel de riesgo».
Por otro lado, la titular afirmó que de haber sensibilidad y el deseo de aplicar de manera efectiva el mecanismo de protección, no habría tantas personas asesinadas con o sin medidas.
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Caso de los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario
Por otra parte, Castro mencionó el caso de dos estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU). Los cuales, «los persiguen las fuerzas represivas del Estado, los Policías Militares del Orden Público. Que los tenían localizados y les habían levantados perfiles».
Según la directora, los estudiantes le mandaron un documento, el cual indica que «no pueden darles medidas porque no son defensores de derechos humanos». A su vez, explicó que eso «es un concepto equivocado y muy limitado. Cualquier persona puede ser defensora, siempre y cuando defienda un derecho».
«Pero ellos dijeron en el documento, que esos dirigentes del MEU, no son defensores de derechos humanos porque participan en manifestaciones. Entonces le están coartando la libertad de manifestarse y el derecho legítimo de expresarse a la población», reiteró.
