Israel Romero Puerto
Contra los Rosenthal se violentaron hasta jas leyes de Marte y Júpiter
Cuando se siguen los procedimientos señalados por la ley nos sentimos honrados de ser hondureños y juristas. Cuando se violentan, nos obligan a levantar nuestras voces de protesta, y a reclamar justicia. Cuando un Juez con autoridad competente ordenó el aseguramiento de 118 bienes y 70 cuentas de banco de los “Cachiros” felicitamos al Poder Judicial, y a los encargados del enforzamiento de las leyes.
Cuando un fiscal de Colón no presentó cargos contra seis individuos que dispararon un mortero contra un Guardacostas de la Fuerza Naval dañándolo, un soldado perdió un ojo, otro recibió varias intervenciones quirúrgicas por sus lesiones serias, y otro recibió heridas. Además se les incautó armamento bélico y municiones que solo el Ejército Nacional puede poseer, nosotros alzamos nuestra voz de protesta, y pedimos castigo para ese irresponsable fiscal. No sabemos si hubo alguna acción de sus superiores.
También hemos protestado por la acción del Gobierno Hondureño contra la Familia Rosenthal, porque se violentó la norma jurídica existente en el país, incluyendo el trámite señalado por la Ley Sobre Privación de Propiedad Ilícita y su última reforma decretada por el actual Presidente Hernández, el Decreto 51 de 2014. También estamos en desacuerdo con las acciones recomendadas u ordenadas por la OFAC, una oficina Americana que no tiene autoridad alguna en territorio hondureño, pero que se le está confiriendo reconocimiento oficial de tribunal.
Ni siquiera tiene autoridad para hacer en los Estados Unidos lo que está haciendo en Honduras. Aquel país es su única jurisdicción.
En el caso de Los “Cachiros” se ha efectuado un procedimiento ordenado, legal y justo, como lo preceptúa la Ley Sobre Privación de Bienes Ilícitos y el Decreto 51_2014. Los “Cachiros” ya fueron condenados en los Estados Unidos y sentenciados. Por lo tanto, ahora sí procede el comiso, y empezar el trámite judicial para completar la privación definitiva de terrenos, cuentas bancarias, 10 empresas y 29 vehículos, al tenor del Artículo 18 Decreto 51 que ordena las medidas precautorias, y el Artículo 14 de la Ley Sobre Privación que establece el proceso y sus etapas para el decomiso definitivo de esos bienes, que se divide en dos: la administrativa y la judicial.
En el caso de los Rosenthal no ha existido proceso alguno. Todo se ha hecho al garete, y en forma tiránica. Los infractores de los procedimientos arriba señalados han buscado el aval de los Estados Unidos para sus acciones ilegales. Ese país envió representantes de una agencia sin competencia judicial para decretar embargos ni para decidir qué hacer con los bienes embargados, como tampoco con las empresas clausuradas: la OFAC. Agrava la situación la OABI, que ha demostrado incapacidad para manejar casos simples. Un empleado de la OABI rentó una casa incautada y se embolsaba el producto de la renta. Otro se mudó a vivir en una residencia incautada.
El gobierno clausuró centros de trabajo, actuando en contra del lema usado cuando procedieron al cierre de Banco Continental y otras empresas ligadas a la Familia Rosenthal: estamos protegiendo los intereses de los hondureños. A estas alturas lo que han conseguido es que miles de niños hondureños se van a la cama llorando, con el estómago vacío, porque sus padres perdieron sus empleos en la balacera anti-jurídica propiciada por el Gobierno Hondureño, y no pueden llevar a su mesa alimento para sus hijos.
En el caso Rosenthal han violado hasta las leyes de Marte y Júpiter, y han violado al pueblo hondureño., Juris Doctor (Jurista Internacional), PhD israel09r@yahoo.com
