Redacción. La Corte Suprema de Justicia dictó este jueves sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa y otros exfuncionarios, todos imputados por el caso Pandora II.
Al exmandatario se le acusaba de fraude y violaciones a los deberes de los funcionarios por el caso de corrupción denominado Pandora II. Sin embargo, este día quedó absuelto de toda responsabilidad penal.
La acusación también involucra a otros exfuncionarios, en el caso de Roberto Zúniga, exdirector de presupuesto de la Secretaría de Finanzas (Sefín), se le dictó sobreseimiento definitivo por ambos delitos.
Lo mismo ocurrió con Johnny Handal Hawit, exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Por su parte, James Aldana Medina, exgerente administrativo de Finanzas, recibió la medida de auto de formal procesamiento. No obstante, la apoderada legal del imputado comunicó a medios locales que apelarán esa decisión.
Asimismo, a Wilfredo Cerrato, quien fue exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH,) se le dictó auto de formal procesamiento por el delito de fraude. Sin embargo, recibió un auto de formal procesamiento por violación de los deberes de los funcionarios.
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«No se puede inventar un delito»
Al salir de la resolución de la audiencia inicial, Porfirio Lobo Sosa declaró ante medios locales que siempre supo que era inocente. Además, manifestó que todo se trata de persecuciones políticas.
«Quieren inventar un delito y adecuarlo a un objetivo político. Al final los que tenemos la culpa somos los políticos que presionamos a los operadores de justicia para que cumplan objetivos personales», expresó.
Hasta el momento, falta por conocer las medidas que recibirán Lilia María Bográn Rivera, exgerente administrativa de la Sefín, y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.
Caso Pandora II
El caso Pandora II fue presentado ante la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de octubre del 2023.
De acuerdo con la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), los acusados conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras.
