Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, detalló que abogados nacionales e internacionales defenderán al Estado de Honduras contra la demanda de 10,775 millones de dólares de Próspera.
En este sentido, el grupo propietario de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Roatán, Islas de la Bahía pidió un arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra Honduras. Esto, para «proteger» sus inversiones luego de que el Congreso Nacional derogara este régimen fiscal especial.
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«Nosotros estuvimos abiertos al diálogo. Lamentablemente nunca pudimos sentarnos directamente con los señores de Próspera. Mandaron intermediarios y nunca llegaron con la intención de conversar y llegar a un acuerdo, sino de ponerles condiciones al Gobierno«, indicó el funcionario.
Del mismo modo, Barquero explicó que tienen «una defensa sólida». No obstante, el proceso legal puede tardar hasta cinco años ante de obtener una resolución, por lo que anunció que el Estado sigue abierto a negociaciones.
Régimen especial
En ese sentido, el funcionario indicó que las otras dos ZEDE existentes en Honduras están en proceso de cambiar de régimen especial fiscal. Esto, tras conversaciones sin condiciones entre ambas partes, algo que buscaron repetir con Próspera, pero estos se negaron e insistieron en firmar un acuerdo de confidencialidad para negociar.
«Si no es posible, nosotros tenemos nuestro equipo de abogados listos para dirimir el conflicto en un arbitraje internacional«, indicó.
Del mismo modo, el ministro de Defensa que el arbitraje no afecta el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR), pero sí absorberá dinero del Estado y tiempo de funcionarios.
ZEDE próspera demanda a Honduras por L270 mil millones
La Zona Especial de Desarrollo (ZEDE) Próspera presentó una demanda contra el Estado de Honduras por la ridícula cantidad de 10,775 millones de dólares, unos 270 mil millones de lempiras.
Próspera, suscrita a un modelo de negocios que de acuerdo a los análisis de los expertos en Derecho Constitucional es violatoria de la soberanía nacional, ha recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para plantear su reclamo.
Iniciado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el Congreso derogó las ZEDES, entre ellas la cuestionada Próspera.
