Redacción. La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó este lunes a un abogado acusado de cometer el delito de estafa agravada y continuada en perjuicio de la Secretaría de Seguridad de Honduras.
La operación, que contó con la participación de la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (PIF), concluyó con la detención de un abogado en la colonia Las Minitas de Tegucigalpa. De acuerdo con los informes, el detenido se desempeñaba como representante legal de una empresa de seguridad privada.
Según los informes oficiales, el imputado presentó el 11 de julio de 2023 dos recibos presuntamente falsificados ante la Secretaría de Seguridad, con la intención de aparentar el cumplimiento de pagos requeridos para renovar las licencias que autorizan la prestación de servicios de la compañía de seguridad privada para la que laboraba.
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El abogado habría intentado engañar a las autoridades presentando documentación falsa. Los recibos, que supuestamente correspondían al pago de obligaciones económicas, superaban los 222 mil lempiras cada uno, sumando un monto total superior a los 400 mil lempiras. Esta maniobra tenía como objetivo evadir los compromisos fiscales y administrativos ante la Secretaría de Seguridad.
Irregularidades
Al detectar inconsistencias en los pagos, un equipo de auditores y peritos especializados confirmó el fraude. Esta verificación permitió que la División de Investigaciones Financieras (PIF) interviniera.
En conjunto con el Ministerio Público, las autoridades emitieron una orden de captura por el delito de estafa agravada continuada, conforme al Código Penal hondureño.
Las autoridades advirtieron que este tipo de fraude representa una grave amenaza para la transparencia institucional. Además, reafirmaron su compromiso con la lucha contra el fraude y la corrupción.
También anunciaron que continuarán realizando investigaciones minuciosas y aplicando inteligencia especializada para desarticular redes de corrupción.
El abogado detenido enfrentará el proceso judicial ante los tribunales competentes. Las investigaciones siguen en curso, y las autoridades esperan ampliar su alcance para identificar a posibles cómplices dentro del esquema de fraude.
