TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un equipo especializado de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) le sigue la pista y busca capturar al abogado de «Los Cachiros».
Se trata de Francisco Arturo Mejía, quien tiene un requerimiento fiscal con orden de captura pendiente. Esto, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos y asociación ilícita.
Las investigaciones del ente fiscal reflejan que Mejía fue el abogado encargado de constituir Inversiones Rivera Maradiaga (INRIMAR), propiedad de Devis Leonel Rivera, uno de los principales cabecillas de «Los Cachiros».
Pero no sólo eso, Rivera Maradiaga le otorgó a Mejía un poder general. Eso, para la administración de INRIMAR. También, de todas las sociedades relacionadas con el cartel, así lo indican las indagaciones del Ministerio Público (MP).
Las autoridades también buscan capturar a la señora Waldina Lizzette Salgado Pérez, esposa de Arturo Mejía. Al matrimonio se le aseguró una lujosa casa de playa en la ciudad de Omoa, Cortés. De igual manera, un complejo de apartamentos y una mansión en Tegucigalpa, entre otros bienes.
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Conexiones
Las investigaciones reflejan que el abogado Mejía constituyó en el año 2009 la empresa constructora denominada Acrópolis. Dos años más tarde, “esta empresa ganó la licitación de manera fraccionada para proveer el mobiliario. Así como equipo de oficina y demás enseres electrodomésticos, los cuales equiparon las viviendas del polémico proyecto habitacional conocido como Patuca III en Olancho”, aparte, se establece la línea de investigación presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) al Ministerio Público (MP).
Este proyecto fue adjudicado por un monto de 98.1 millones de lempiras. Curiosamente, las otras dos empresas que participaron en el proceso de adjudicación también tenían nexos con «Los Cachiros».
El clan criminal prácticamente monopolizó la construcción de las unidades residenciales. Así como los servicios complementarios y el menaje de las viviendas. Lo anterior, con el aval de las autoridades de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) y la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), indica la acusación.
También, las autoridades de la ENEE suscribieron con Acrópolis un segundo acuerdo de ampliación por un valor de 20.1 millones de lempiras. En ese sentido, para la edificación de la clínica médica, las oficinas administrativas y el comedor del complejo residencial. A estos se sumó un tercer contrato para el mantenimiento del campamento base por un plazo de 12 años. Lo anterior, por un valor de 48 millones de lempiras.
