Redacción. La abogada salvadoreña anticorrupción Ruth López, una de las principales voces críticas del Gobierno de Nayib Bukele y detenida a mediados de mayo en El Salvador, recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.
La entidad explicó en un comunicado que el premio reconoce los «logros excepcionales de una persona u organización como defensora y/o promotora de los derechos humanos fuera de Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos».
«López ha realizado contribuciones extraordinarias a los esfuerzos anticorrupción, la rendición de cuentas y los derechos humanos en El Salvador», destacó la organización.
La American Bar Association recordó que las autoridades la detuvieron arbitrariamente el 18 de mayo y que, el 4 de junio de 2025, una sentencia judicial confirmó su detención provisional por seis meses. Esta resolución, agregó, evidencia los graves riesgos que enfrenta por defender el Estado de derecho.
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Cristosal
Actualmente, López dirige la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización regional de derechos humanos que trabaja en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según la organización, en ese cargo ha liderado acciones legales contra instituciones poderosas. Entre estas se incluyen impugnaciones a leyes que ocultan fondos públicos, investigaciones sobre gastos de emergencia durante la pandemia de covid-19 y apoyo legal a familias de inmigrantes venezolanos encarcelados en El Salvador tras deportación de Estados Unidos.
La American Bar Association entregará el premio el jueves 7 de agosto de 2025, durante su reunión anual en Toronto. «Luis Benavides, esposo de López, y Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, tienen previsto asistir y aceptar el reconocimiento en su nombre», precisó la entidad.
Presa política
Al salir de la audiencia realizada el 4 de junio, López declaró ante decenas de periodistas que es una «presa política» y que enfrenta el proceso por su labor contra la corrupción gubernamental.
«¡Soy inocente, soy una presa política! Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno», exclamó López mientras varios policías la custodiaban entre empujones con la prensa.
Inicialmente, la Fiscalía la acusó de peculado a través de su cuenta de X. Sin embargo, al presentar la acusación formal, cambió el delito a enriquecimiento ilícito. Cristosal considera esta modificación como «una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de derechos humanos».
Recientemente, Cristosal anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador y denunció una “escalada represiva” por parte del gobierno de Nayib Bukele contra activistas.
El Gobierno de Bukele ha enfrentado críticas en las últimas semanas por la detención de al menos cinco activistas y personas críticas de su Administración.
Diversas organizaciones humanitarias denunciaron la semana pasada, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al menos 130 activistas y periodistas han tenido que abandonar El Salvador para resguardar su integridad.
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