TEGUCIGALPA-HONDURAS. El portavoz de la de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Jair Meza, informó en las últimas horas que a través de un convenio buscarán proteger los derechos humanos de las personas capturadas al mantener su identidad en el anonimato.
De ese modo, Meza detalló que dicho acuerdo se firmó en las últimas horas. Y ya está vigente en el país.
Según detalló el jefe policial, en una reunión de alto nivel expusieron las aristas legales a nivel nacional e internacional. Lo anterior, relacionado al honor, dignidad y la presentación de personas que detiene esa institución armada.
A efecto de eso, indicó que dicha comparecencia la presidió el titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. Además, participaron autoridades de la PNH, directores de los medios de comunicación nacionales, personal de DDHH. Y diputados miembros de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional (CN).
Para finalizar, el comisionado Meza, indicó que emitieron una convocatoria para que en los próximos días se establezca el protocolo a seguir ante este nuevo convenio.
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CPH: “iniciativa sobre exposición de criminales ante medios es una ley mordaza fusionada”
Cabe indicar que el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Mejía, calificó días atrás como una nueva ley mordaza fusionada, la iniciativa de ley presentada por el diputado del Partido Alianza Patriótica, Denis Castro Bobadilla, sobre la exposición de supuestos criminales ante medios de comunicación nacional.
A criterio de Rodríguez, dicha moción sólo busca proteger el rostro de las personas implicadas en actos de corrupción.
De acuerdo al presidente del CPH, eso nuevamente enciende las alarmas ante la posible restricción al acceso de la información.
A efecto de eso, el representante de los comunicadores manifestó a medios locales que dicha argumentación es una “fusión mordaza”. «Si bien, dicha propuesta no es vinculante con el artículo 335-B, siempre vulneraría el libre acceso a la información», aseveró.
“Todo indica que esta iniciativa va orientada a proteger a estos sectores políticos que posiblemente sean acusados de corrupción, malversación de caudales públicos y otros delitos contra el Estado”, señaló.
