Redacción. El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este domingo auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., acusada de los delitos de fraude y lavado de activos en perjuicio de la administración pública.
Las autoridades informaron que los involucrados en el caso de corrupción habrían defraudado al Estado hondureño por más de 18 millones de lempiras.
El caso también involucra a Juan Ramón Molina, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, quien es señalado como socio clave en la operación ilícita.
Según el requerimiento fiscal, ambos acusados participaron en una compleja red de triangulación de fondos y uso de empresas fantasmas para apropiarse de recursos públicos mediante un contrato para el suministro de tarjetas plásticas PVC utilizadas en la emisión de licencias de conducir.
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Investigación
La investigación del Ministerio Público reveló que, en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó de manera irregular un contrato a Plasticards S.A. para la compra de 480,000 tarjetas, a pesar de que la empresa se constituyó apenas dos meses antes de recibir dicho beneficio.
Aunque oficialmente se reportó el ingreso total del material, las pesquisas determinaron que solo 258,000 tarjetas llegaron efectivamente al país. Sin embargo, se informó un faltante de más de 220,000 unidades.
Uno de los hechos más reveladores ocurrió el 22 de enero de 2022, cuando la Secretaría de Seguridad efectuó un pago de 18.5 millones de lempiras a Plasticards.
Solo tres días después, Liana Mayorga habría transferido aproximadamente 17 millones de lempiras a la empresa Inversiones MyM S. de R.L. Juan Molina era propietario de dicha empresa, pese a tener prohibido contratar con el Estado debido a su rol dentro de la Tasa de Seguridad.
Además, las autoridades establecieron que, aunque Grupo Plasticards recibió la adjudicación, la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, fue quien realmente suministró las tarjetas. Inversiones MyM las importó a Honduras.
Los imputados también habrían utilizado sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para mover los fondos. De esta manera, habrían creado un esquema de lavado de activos internacional.
