CORTÉS, HONDURAS. La Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), concesionaria de la terminal general de carga de Puerto Cortés, no está conmoviéndose con los importadores pese a la difícil situación económica que está atravesando el país, debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

Según denuncian los empresarios, la OPC está realizando cobros abusivos por mantener y luego permitir el retiro de sus contendedores. Los importadores aseguran que ya no aguantan más pagar las tarifas y recargos impuestos, a tal punto, solicitaron al Gobierno que intervenga.

Respecto al tema, «Debido a las restricciones de circulación por el país, miles de importadores están viendo cómo sus costos se incrementan por sobreestadía, almacenaje y otros que cobra @OPC_HN y navieras. Debe regularse para cobrar lo justo, en especial en estos momentos difíciles para todos», publicó Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, en su cuenta de Twitter.

Uno de los afectados por una empresa aduanera fue el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Amílcar Bulnes, quien hace unos días denunció que debió pagar más de una cuarto de millón de lempiras (L287,000) para que lo dejaran desaduanar un contenedor con materia prima, pues le dijeron que su material fue re-clasificado por un «criterio incorrecto de arancel».

En ese sentido, Bulnes señaló que a él le cobraron L151,800 por almacenaje, que es lo normal, pero otros L116 mil adicionales por la «re-clasificiación» y por último, L20,000 de multa por la sobreestadía de su contenedor.

«Esto es un problema de muchos importadores que sufren atropellos en aduana. Es inconcebible que terminaran pagando L500», lamentó.

La OPC es una de esas aduaneras

La situación que denunció Bulnes es exactamente lo mismo que ocurre en la OPC, y que Vilmar Araujo, su gerente comercial, no teme admitir, pero, según él, todo tiene una justificación.

Araujo señaló que la OPC funciona como, por ejemplo, un estacionamiento privado, que cobra a las personas por el lapso que mantiene estacionado su automóvil.

«Lo mismo ocurre con el puerto, que está cuidando su carga en un lugar seguro», afirmó el representante de la OPC. «Los contenedores llegan al país y hay un tiempo prudencial que se considera como un ‘bonus’ (no hay cobro), que son tres días, para que la gente haga sus trámites», agregó Araujo. Pasados esos tres días, entonces, la OPS sí comienza a cobrar un monto al importador.

Pero, al parecer, algo que toma en consideración la OPC es que, debido a la crisis, a varios importadores se les dificulta desaduanar su cargas. Y no es porque no quieran o porque estén «cómodos», sino porque no cuenta con recursos para hacerlo.

Obviamente, la OPC saca provecho de esto, y es cuando cobra montos elevados a los empresarios. Incluso, Vilmar Araujo considera «nectario» cobrar multas, Al ser consultado sobre si la OPC podría condonar el cobro de servicios a los importadores, pues «Si nosotros decimos hoy que no vamos a cobrar por el almacenaje, todo el mundo dejaría sus contenedores, entonces se acumularían y colapsaría el puerto», por lo que habría «desabasto nacional».

La OPC tiene que recapacitar

Sin embargo, algunos consideran que Secretaría de Desarrollo Económico, debería de tomar alguna medida para que la OPC suspendan las tarifas. Y si no puede suspender tarifa, que al menos tome alguna otra determinación para no afectar a los importadores.

«La OPC, por mediación del Gobierno, podría aceptar un pago diferido a tres meses, para que los importadores retiren sus contenedores del recinto portuario», declaró Jorge Intenario, presidente del Colegio de Economistas de Honduras.

Chiquita dice adiós porque en Guatemala es más barato

Algo que está ocurriendo justo ahora, y que también re-avivó las críticas en contra de la OPC, es que la empresa trasnacional Chiquita anunció su adiós definitivo de Puerto Cortés, debido a que obtuvo una concesión en Puerto Barrios, Guatemala, misma que le favorece más económicamente hablando.

Lo interesante es que Chiquita Brands contaba con un predio alquilado en la OPC, que era utilizado para acopiar contenedores de exportación e importación, para ser manejados por sus buques que arribaban con una frecuencia de tres veces a la semana.

Luego del cese de operaciones de Chiquita, en Honduras solo quedarán las oficinas administrativas en La Lima y San Pedro Sula.