Redacción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exigió al Estado de Honduras que respete y garantice los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico multipropósito El Tablón, especialmente el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), contemplado en el Convenio 169 de la OIT.
A través de un comunicado, expresó su respaldo a los pobladores de Quimistán, Santa Bárbara, quienes han rechazado la construcción de la represa por considerar que amenaza sus principales actividades productivas: agricultura, ganadería y avicultura, que constituyen el sustento económico de numerosas familias de la zona.
El organismo instó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entidad a cargo del proyecto, a respetar las decisiones tomadas por las comunidades en cabildos abiertos, donde expresaron de manera clara su oposición a la represa. Enfatizó que el consentimiento comunitario debe ser un requisito previo a cualquier intervención y recordó que la consulta debe realizarse bajo estándares internacionales: de forma oportuna, transparente y con información accesible.
Además, subrayó la importancia de promover el diálogo de buena fe y de garantizar que las decisiones se tomen en condiciones de equidad. “El Estado debe atender con seriedad las exigencias de las comunidades”, indica el documento.
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Denuncian represión a manifestantes
El llamado del Conadeh se da en medio de crecientes tensiones en la zona. El 21 de julio, durante una protesta pacífica contra el proyecto, al menos siete personas resultaron heridas y seis fueron detenidas luego de la intervención de la Policía Nacional, que utilizó tanquetas de agua para dispersar a los manifestantes.
El organismo de derechos humanos calificó este hecho como un atentado contra el derecho a la protesta pacífica. Asimismo, expresó su preocupación por el manejo de la conflictividad social relacionada con El Tablón.
Recurso de amparo sigue sin resolución
También exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a resolver con celeridad el recurso de amparo presentado por las comunidades afectadas. Este mecanismo legal busca frenar la ejecución del proyecto, argumentando la falta de consulta y la vulneración de derechos colectivos.
El Conadeh recordó que, incluso si se llegase a obtener el consentimiento de las comunidades, el Estado tiene la obligación de implementar medidas de reparación adecuadas. No obstante, subrayó que hasta la fecha no se ha cumplido con el requisito fundamental de consultar de manera efectiva a los pueblos que habitan el territorio en disputa.
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