Tegucigalpa. Unos 400 mil medidores se instalaran para evitar cobros irregulares en el país, según manifestaron autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH).
“La lectura de consumo se realizó de forma equivocada, lo que provocó pagos alterados”, expresó el comisionado presidente de dicha instancia, Oscar Gross.
De tal manera, se logrará beneficiar unas 32 mil personas que habían sido afectadas por esta equivocación. Cabe destacar, que la cifra para devolución de abonados oscila entre los 14 millones de lempiras.
“Se ha elaborado un documento para aplicar medidas más rigurosas tendientes a monitorear la labor de otras empresas”, dijo Gross.
Además, este proyecto consiste en la conexión de unos 400 mil medidores que no están registrados en el sistema.
Esto, corresponde al igual número de clientes, cuyo consumo es promediado por otras razones. “Si no hay lectura, no debe haber cobro”, añadió Gross.
“La medición promediada es un error que no debe ocurrir más” finalizó.
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En otros temas de Energía Eléctrica
Adolfo Facussé, reconocido empresario de Honduras, reaccionó este día en torno al reembolso que debe hacer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a los usuarios que han sido víctimas de sus cobros irregulares.
Facussé señaló que no son 14 millones de lempiras los que debe devolver ENEE. Según sus cálculos, son un total de 300 millones de lempiras los que deberá esta empresa devolver.
“En nuestro estimado el Gobierno debe devolver 300 millones que es dinero que le cobraron indebidamente al pueblo”, dijo.
También, criticó la lentitud del gobierno, el cual reclamó a la ENEE hasta que el pueblo alzó su voz en son de reclamo. Asegurando Facussé, que al no reclamar el pueblo la estatal eléctrica seguiría con sus abusos.
“Creo que el Gobierno tiene una función, tiene que atender eso de la energía eléctrica, agua, carretera, puertos”, indicó el empresario.
Citó que además de las carreteras en la actualidad no pertenecen a los ciudadanos hondureños sino que están bajo la custodia de peajes. Finalmente reveló que el Gobierno ha convertido los monopolios privados en públicos sin competencia.
