Redacción. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que 40 privados de libertad han sido excarcelados en el marco del proceso de desinternamiento de las cárceles del país que ejecuta la Defensa Pública y Jueces.
La medida beneficiará a privados de libertad que padecen enfermedades graves o terminales, afirman autoridades.
Según el informe, se conformó una comisión de desinternamiento con el objetivo de dar libertad condicional a todos aquellos reos enfermos.
Asciende a 40 el número de excarcelados, según la Abogada @FannySalinasF, en el marco del proceso de Desinternamiento que ejecuta la Defensa Pública y Jueces de Ejecución en cumplimiento a lo dispuesto por la Presidenta del Poder Judicial Rebeca Lizette Ráquel. pic.twitter.com/evx9Lwq6as
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) July 12, 2023
De igual manera, recalcaron que el proceso se está desarrollando con las respectivas y minuciosas pruebas médicas antes de dejarlos en libertad.
«La excarcelación se realiza tras un dictamen de un médico tratante o de Medicina Forense, a fin de verificar el estado de salud de los presos», indicó la abogada Fanny Salinas.
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Salinas, detalló que el proceso tiene identificados a unos 400 privados de libertad, a los cuales se les otorgará la libertad condicional por condición médica. Sin embargo, de estos 400 reos solamente se ha podido liberar a 40, agregó.
Además, dijo a la prensa local que «la Defensa Pública continua trabajando, en el sentido de completar todos los requisitos que se requieren en cada uno de estos expedientes para poderlos presentar ante los juzgados de ejecución y que finalmente sean los jueces de ejecución que señales estas audiencias de excarcelación», finalizó.
Reducir el hacinamiento
Asimismo, las autoridades de justicia también buscan disminuir el hacinamiento en los diferentes centros penales del país.
El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por 26 cárceles, que alberga a 19,966 presos, entre ellos 1,100 menores de edad, según las autoridades.
Además, por orden de la presidenta Xiomara Castro, los centros penales del país están resguardados por la Policía Militar del Orden Público.
Esta determinación se adoptó con el fin de retomar la gobernabilidad del sistema penitenciario luego de la masacre de 46 mujeres ocurrida en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), y otra donde murieron 13 personas en el interior de un billar en Choloma, al norte del país el 24 de junio.
