Redacción. Un informe presentado por varias organizaciones de los derechos humanos, dieron a conocer que a tan sólo dos años de haberse implementado el régimen de excepción en El Salvador, el 2,5 % de su población adulta se encuentra detenida.
“El Salvador posee la tasa más alta de encarcelamiento a nivel mundial”, con 109.519 personas presas en un país de 6,3 millones de habitantes, señala un adelanto del informe presentado hace algunos días.
Las organizaciones de los derechos humanos afirmaron que el número casi triplica a la población carcelaria que había antes del régimen de excepción, que era aproximadamente de 38.000 personas.
Asimismo, este es el segundo informe anual sobre violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción en El Salvador, el cual está elaborado por varias organizaciones, entre ellas Cristosal, una oenegé que vela por los derechos humanos en el país centroamericano.
El informe preliminar, cuya versión completa estará publicado en esta semana, también indica que al menos 244 personas murieron estando en custodia del estado bajo el régimen de excepción.
Sin embargo, de parte del gobierno de El Salvador no ha revelado las cifras oficiales sobre las muertes.
Derechos humanos en El Salvador
Las organizaciones de derechos humanos continúan señalando que El Salvador no se encuentra en una situación extraordinaria. Incluso señalan que el gobierno de esa nación deberían implementar medida de carácter excepcional y no permanente.
Ante esto, le piden al gobierno de Bukele agilizar los procesos judiciales pendientes de los detenidos. Así como también que se tome en cuenta el uso de medidas alternativas a la detención para eliminar el régimen de excepción.
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El gobierno de Nayib Bukele continúa defendiendo la política de mano dura en la aplicación de la ley. Y a la vez, rechaza las críticas de organizaciones dentro y fuera del país, y amparándose en el alto nivel de aceptación de su gestión.
“¿Cuándo va a terminar el régimen de excepción? Cuando hayamos sometido a la justicia al último de estos terroristas”, dijo a medios locales el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El gobierno también ha mantenido la posición en redes sociales, donde defienden y argumentan la medida.