Redacción. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) informó este sábado que, en lo que va del año, se han registrado más de 1,000 denuncias por abusos infantiles en el país, incluyendo casos de violencia sexual, abandono y desnutrición severa.
Lizeth Coello, titular de la Senaf, explicó que esta situación genera preocupación debido a la alarmante cifra de niños y niñas que están siendo víctimas de diversas violaciones a sus derechos en todo el territorio nacional.
“Lamentablemente, en lo que va de este año tenemos más de 1,000 denuncias de niños y niñas víctimas de distintos tipos de maltratos. Entre ellas: violencia sexual, abandono y desnutrición severa”, manifestó.
Coello aseguró que todas las denuncias han sido atendidas y que se están coordinando acciones conjuntas con el ente acusador del Estado para la investigación y judicialización de los casos.
“Todas estas denuncias las hemos atendido. Estamos en coordinación con el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones pertinentes”, declaró en una entrevista con un medio de comunicación.
Frente a esta alarmante realidad, también se refirió a la reciente decisión del Congreso Nacional de no adherirse al Tercer Protocolo Facultativo. Este instrumento de la Convención sobre los Derechos del Niño es un mecanismo internacional promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Tercer Protocolo Facultativo
La iniciativa mencionada permitiría a niños, niñas y adolescentes presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño cuando sus derechos han sido vulnerados y no han encontrado justicia en el sistema nacional.
“Lo que sucedió es que se cierra una oportunidad para los niños y las niñas que son víctimas de alguna de estas violencias y no reciben justicia a nivel nacional”, lamentó la funcionaria, al referirse al rechazo de las bancadas de oposición a la iniciativa.
Coello defendió la adhesión al protocolo como una herramienta crucial para fortalecer el sistema de justicia infantil en Honduras.
“Por eso el protocolo es importante. En primer lugar, nos empuja y obliga a mejorar todo el sistema operador de justicia para que a los niños se les dé atención a su demanda. Por otro lado, es fundamental destacar que en nuestro país hay antecedentes de casos que no se resuelven a nivel nacional», expresó.
Fue enfática además en aclarar que el Tercer Protocolo no interfiere con políticas nacionales sensibles, como las de identidad de género. Explicó que este es un argumento que han esgrimido distintos sectores.
“El Tercer Protocolo no regula ni impone políticas en materia de identidad de género. Su único objetivo es garantizar a la niñez un mecanismo para denunciar violaciones graves a sus derechos cuando el Estado no les responde», dijo.
La adhesión a este instrumento habría reforzado el compromiso del país con los estándares de protección de la niñez, según la Senaf. Igualmente habría representado una esperanza para miles de menores que hoy, frente a un sistema sobrecargado y, en ocasiones, ineficaz, ven vulnerados sus derechos sin posibilidad de asistencia.
