TEGUCIGALPA-HONDURAS. En libertad se defenderán 10 de los 12 ex miembros de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social acusados por haber autorizado la compra de una maquinaria en forma irregular para el IHSS.
La denuncia la presentó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a través del caso denominado “Licitaciones Fraudulentas”.
Un juez en materia penal dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva para las 10 personas procesadas en dicho caso.
Antes de la cita de ayer, Raúl Suazo, apoderado legal del doctor Javier Pastor, explicó que estaban convocados para la audiencia inicial a las once de la mañana. Sin embargo, luego cambiaron la hora para las 02:30 de la tarde. Pero ahora solamente se les convocó a una reunión para explicarles que no les darían la resolución completa. Solamente el extracto, es decir, la parte resolutiva que era un auto de formal procesamiento.
El abogado indicó que preguntaron al juez si con ese auto de formal procesamiento iba a dar medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva y les respondió que sí.
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Javier Pastor y Carlos Montes seguirán en prisión
Suazo recordó que hay un derecho que tienen los imputados porque muchas de ellas son mayores de 70 años. Mientras otras se presentaron de forma voluntaria ante las autoridades correspondientes.
Javier Pastor, y Carlos Montes tienen otro proceso pendiente. Tambien una sentencia condenatoria aun cuando no se la han comunicada para poder recurrirla. Por lo tanto, se encuentran guardando prisión efectiva en una celda del Primer Batallón de Infantería.
También expresó que hoy se declararan las medidas sustitutivas y mañana ellos podrán recuperar su libertad.
Es preciso indicar que los acusados en dicha causa penal son: Luis Mayorga, José Humberto Lara; José Hilario Espinoza, José Espinal Rodríguez, Óscar Arnaldo Carranza y Armando Villatoro.
Asimismo, Óscar Arnaldo Carranza, Fabricio Valentín, Benjamín Bográn; Óscar Galeano, Javier Pastor y Carlos Montes.
Específicamente, a los imputados se les acusa por autorizar un contrato sobrevalorado de más de 2,700 millones de lempiras a favor de la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa) para la adquisición de equipo biomédico para el IHSS.
