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jueves, abril 25, 2024

Sin unanimidad, declaran «inconstitucional parcial» la Ley de Secretos

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este lunes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró «inconstitucional parcial» la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública.

El dictamen sobre la Ley de Secretos fue aprobado por mayoría de votos. Sin embargo, al no declararse por unanimidad, deberá pasar al pleno de magistrados de la Corte Suprema.

De esa forma, se indicó que los magistrados Jorge Alberto Zelaya y Edwin Francisco Ortez se opusieron a la inconstitucionalidad de la Ley. Por el contario, Lidia Álvarez, Reyna Auxiliadora y Jorge Serrano aprobaron el dictamen.

Como resultado, se estableció que el futuro de la Ley tendrá que discutirla y definirla los 15 magistrados que conforman la CSJ. Puesto que parte de esa Ley fue la declarada inconstitucional.

Cabe mencionar que el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) presentó este recurso en febrero de 2016, pero al ver que no había celeridad en el proceso retomaron el tema en julio de 2019.

Lea también: Ley de Secretos: instituciones deben ser depuradas y limitadas según FOSDEH

Población y organismos en contra de Ley de Secretos

El Congreso Nacional (CN) aprobó la Ley de Secretos el 20 de enero del 2014 y entró en vigencia a partir del 07 de marzo del mismo año.

Desde su promulgación, la Ley de Secretos generó la repulsa de la población y de muchos organismos internacionales como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

En ese sentido, el mayor cuestionamiento sobre esta Ley es porque impide al Instituto de Acceso a la Información Pública realizar sus investigaciones. Especialmente, las indagaciones de los fondos públicos que se manejan a través de la Tasa de Seguridad.

Recurso de inconstitucionalidad

Es oportuno recordar que el 24 julio del 2019, C-Libre presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Secretos. De esa forma, el comité argumentó que el dictamen violentaba el acceso a la información pública y los derechos constitucionales de la ciudadanía. Asimismo, denunciaron que permitía discrecionalidad al Consejo de Defensa y Seguridad.

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