TEGUCIGALPA, HONDURAS- La diputada del Partido Nacional, Sara Medina fue notificada este día de un requerimiento fiscal, el cual fue presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Ufecic) y el Ministerio Público (MP).
Este es una ampliación del caso llamado «Pacto de Impunidad«, el cual también incluye al diputado Antonio Rivera Callejas.
Lo anterior, por los delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y contra la forma de gobierno.
Ante ello, la parlamentaria nacionalista vía twitter reaccionó, «hoy se presentó un requerimiento fiscal en mi contra por el caso “Fe de Erratas”.
«Por éste mismo caso ya di la cara ante el MP y en su momento como mujer respetuosa de las leyes lo haré ante el Juez que se designe la Honorable Corte Suprema de Justicia», posteó la parlamentaria.
En esta misma publicación señaló, «nunca he hecho más que cumplir con mis funciones legislativas en base a la Ley. Por lo que, confiando en Dios y en la Justicia demostraré mi total y absoluta inocencia.”
Así como Medina, el diputado Antonio Rivera Callejas reaccionó, asegurando que en este caso demostrará su inocencia.
Recalcó: “nosotros somos inocentes, no hemos cometido ningún delito. Sólo firmamos
varios decretos de ley dentro de nuestras funciones”.
A renglón seguido señaló que dicha acción la toma con tranquilidad. “Esperando que nos llamen a la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, para desvanecer esos delitos en el juicio y demostrar que somos inocentes”, enfatizó.
En apoyo de expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) que autoridades presentaron ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia dicha ampliación.
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Requerimiento
Este requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados del Congreso Nacional José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.
Con esto se busca acreditar o desestimar que los requeridos aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos en el caso denominado “Red de Diputados”.
Ese movimiento en el Pleno del Congreso el pasado 18 de enero, según señalamientos, habría sido con el propósito también de evitar investigaciones a futuro por similares hechos.
