Opinión de R. Pastor: La insurrección, derecho fundamental de la democracia

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Con gas lacrimógeno dispersaban las protestas.
Con gas lacrimógeno dispersaban las protestas.

Rodolfo Pastor Fasquelle.-Tienen razón los cachurecos que gritan que la reforma para legitimar la represión con que hoy se quiere terminar de hundir de paso a los liberales es un asunto de vida o muerte. Vida o muerte de la democracia. Lo que esta en juego hoy es la sombra que queda de la democracia. JOH manda reformar la constitución a su medida y después con el apoyo de Carlos Flores se rehúsa reformar  el sistema electoral para darles representantes a los partidos mayoritarios.

Quiere reformar la ley de policía para legitimar la violencia del estado contra la oposición. Pero no quiere facultar a la Misión de la OEA para obtener los datos que necesita en el combate a la corrupción.

Deroga las garantías primarias del derecho penal, de la presunción de inocencia y la prohibición de procedimientos confiscatorios del presunto inocente. No obstante, legaliza la facultad para reprimir. Y encubrir el saqueo de sus funcionarios. Y recubrirlos de impunidad sangrienta.

Lo que pasa es que no leen estos políticos nuestros, no se esfuerzan incluso cuando son hombres de ley e inteligentes. O si leen -mecánicamente- no entienden, o no terminan de entender o no están dispuestos a reconocer y respetar lo que los desagrada entendido.

Declaman del diente al labio los preceptos, como el catequista los mandamientos. Pero atropellan las leyes casi por costumbre. Cuando eso se vuelve muy sensible, en vez de acatar por fin, quieren cambiar la ley.

Se presentan como reformistas y se insuflan de una retórica que invoca el bien común, sin poder evitar que les salga espuma  con bilis por la comisura de los labios, apretados incluso en la sonrisa fingida.

Juan Hernández tiene razón por supuesto cuando asegura que las protestas cívicas que le han disgustado tanto  tienen límites. Se refiere despectivamente a los antorcheros, suponiéndolos un conjunto de revoltosos sin causa.

Los tiene igualmente, límites, la autoridad y el ejercicio legítimo del poder. Y unos y otros límites están definidos en una legislación que -hasta ayer- nadie disputaba quizá porque es consustancial de la democracia. Por supuesto, la protesta tiene límites con respecto a sus medios y métodos y también límites con respecto a su alcance  y sus fines.

Pero JOH invoca límites noveles con que quiere coartar sus derechos.  Los policías están conscientes de que no pueden disparar contra la población que deben proteger. Por eso el golpismo quiso recurrir desde el inicio al soldado, entrenado para matar al enemigo. La ley que JOH quiere cambiar es clara.

La Constitución define los limites de la protesta asegurando que el pueblo tiene derecho a la insurrección porque es el soberano y el gobernante solo su mandadero. Y JOH repite esa lección, pero sin entenderla.

La semana pasada al tiempo que promovía con vehemencia estas reformas para hacerse mas poderoso el  y para debilitar y amenazar a la protesta pública, repetía por ejemplo, lo escuche de viva voz, que en nuestro sistema democrático los gobernantes son meros mandaderos de la ciudadanía.

Pero no es congruente con ese precepto su proyecto y no honra su propio dictado. Aprendió de memoria algunas frases y a veces, al parecer, sin reflexionarlos repite muchos de los conceptos derivados de la teoría jurídica democrática y se da con su piedra en los dientes.

En una democracia genuina, la protesta continuada y generalizada de la ciudadanía debe entenderse como un llamado a la devolución de la soberanía que esa población le ha confiado ––para su custodia a sus mandaderos, es decir que debería de conducir a la renuncia del poder publico aludido.

El derecho de la protesta hasta la insurrección, es decir hasta conseguir el derrocamiento del gobierno es el derecho democrático por excelencia, aunque no puede para ese fin -la protesta- violentar a terceros. En el caso del ejercicio del poder publico, igual esa ley primordial constituyente  asegura que el estado tiene la potestad de ejercer la fuerza contra particulares violentos. (Para invocar esa potestad muchas veces infiltran nuestras manifestaciones con mercenarios violentos, aunque la que se prohíbe es la violencia que afecta a derechos inalienables).

Por ende el estado debe actuar contra los que quieren quitarles sus bienes a las comunidades, que no son los mareros. Contra los escuadrones de la muerte de los malosos que no son los que están en El Pozo. Debe derogar los contratos que le quitan a la población el derecho al libre transito en vez de acusar de terroristas a quienes se oponen a ese abuso en un peaje. Y ahí esta. El limite.