Tegucigalpa, Honduras. -En las últimas horas autoridades de la Fiscalía Especial Contra los Delitos Comunes (FEDCOM) presentaron 15 requerimientos. Los mismos en contra de personas acusadas de los delitos de falsificación de documentos y estafa continuada.
Ocho de las personas acusadas se les supone responsables del crimen de falsificación de documentos y siete por estafa continuada.
En este sentido, las autoridades dieron a conocer que para llegar a las acciones de presentar los requerimientos se tuvo una investigación de cinco años.
Lo anterior según la información de la FEDCOM. Quienes señalan que un grupo de herederos de la Familia Velasco, miembros de una empresa comenzaron a falsificar documentos.
Lo anterior con el fin de traspasar propiedades a nombre de otras personas. Dichas personas fueron inscritas en el Instituto de la Propiedad.
Entre las personas acusadas en el Requerimiento Fiscal están los profesionales del Derecho Guillermo Thuman Conde (61). También José Dolores Cantarero Bonilla (62) por el delito de falsificación de documentos públicos.
Además, está Yuri Melara Berlíoz (51) por dos delitos de falsificación de documentos públicos.
Según la investigación técnico jurídica los ciudadanos Roberto Padilla Velasco (49). También Carlos Vallejo Cerrato (51), Feryd Basha Sahury (37).
Del mismo modo, Maximiliano García Ferrufino (52). Se suma Carlos González Montes (52) y Sergio Banegas Pineda (44). Situación similar pasaría Claudia García Mairena (32). Ellos son los supuestos autores materiales de delito de estafa continuada.
Los delitos fueron realizados en contra de los ciudadanos: Karla Velasco Esteves, José Velasco Romero. Así como Carlos Velasco Romero y Manuel Velasco Romero.
Fundación de la empresa
Además, la investigación hecha en años anteriores, dio a conocer que la empresa en la que laboran los hoy requeridos fue fundada el 8 de enero del año 1997.
La organización funciona bajo el nombre de Corporación Hondureña de Inversiones y Alquileres, S de R.L. (Cohinsa). El fin de la corporación era administrar bienes y muebles de la famila Velasco.
Acciones en contra de los fundadores de Cohinsa
También, las investigaciones arrojaron que en septiembre de 2010, Carlos Velasco Laínez, vía correo electrónico puso en conocimiento a sus familiares.
Lo anterior para comunicar que Roberto Padilla Velasco, Gerente general alterno de la sociedad, supuestamente estaba realizando acciones reñidas con la Ley.
Todas en perjuicio de los socios fundadores de la sociedad Cohinsa.
Asimismo, durante el curso de la investigación se verificó que el Abogado y Notario José Dolores Cantarero Bonilla, autorizó el instrumento público 702 de compra-venta.
Lo anterior con fecha fue el 11 de marzo de 2011. En el acto participaron como vendedores de varios terrenos: Roberto Velasco Montes (34), Mireya Montes (60), Carlos Velasco Laínez y Guillermo Velasco Castillo.
Y de los compradores: Fredy Molina Bendeck (31) y Antonio Miguel Molina Bendeck (26). Pese a que Carlos Velásquez Laínez había fallecido el 22 de febrero de 2011.
Por su parte, el Abogado Melara Berlíoz (51), constituyó las empresas: Comercial e Inversiones del Litoral, S. A. e Inversiones Terranostra, S.A.
Donde los ciudadanos Harold Erazo Rivera y Sara Suyapa García González eran socios de la misma.
Sin embargo, al declarar ante los fiscales desconocían haber firmado algún documento a través de la cual se transfirieron bienes inmuebles en detrimento de Karla Esteves, José, Carlos y Manuel Velasco Romero.
También, la Fiscalía constató que el Abogado y Notario Guillermo Thuman Conde (61), constituyó la sociedad mercantil Inmobiliaria GTR, S.A, de fecha 29 de mayo de 2012, en la que dio fe de la comparecencia en dicho acto de la ciudadana María Victoria Recalde, pero según registros migratorios, esta persona estaba fuera de Honduras para esa fecha.
Al sumar el supuesto daño causado a los afectados el monto de la estafa continuada asciende a L. 136 millones aproximadamente y según el Código Penal, la estafa continuada contempla una pena de 6 a 15 años de reclusión, la falsificación de documentos públicos de 3 a 9 y el uso y falsificación de documentos públicos de 3 a 9 años de reclusión.
