REDACCIÓN. Luego que la Operación “Medusa” permitiera la captura de cinco miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, hoy se continúa ejerciendo acciones contra Operadores vinculados a actos irregulares y de corrupción pública.
Es así, que este día se promovió Antejuicio contra la Juez de Letras Seccional de Yoro, Keila Jolany Fugón Ávila, por suponerla responsable de la comisión del delito de prevaricato, quien al margen de la ley, ordenó la excarcelación de un imputado que ella misma había condenado por el delito de Evasión, favoreciéndole con la suspensión condicional de la ecución de la pena, pese a que esta figura jurídica no podía ser aplicada según la normativa penal vigente.
Específicamente, en dicho fallo, que fue emitido el 4 de enero pasado y fue rechazado por un Juez de Ejecución, la togada dispuso suspender la pena principal de cinco años de reclusión en contra del ciudadano Heber Eliseo Vallecillo Ramírez, violentado lo dispuesto en el artículo 70 numeral 1 del Código Penal, que establece que, como requisito para que un reo goce de dicho beneficio, la condena de privación de libertad no debe de exceder de los tres años.
Por consiguiente, a criterio del Ministerio Público la Jueza Keila Jolany Fugón Ávila, ha incurrido en el delito de Prevaricato, ya que con malicia o conciencia de la injusticia dictó Sentencia contraria a Ley para favorecer a un encausado en materia criminal, con lo que se espera que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula declare Ha Lugar el Antejuicio y autorice a la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia a presentar el correspondiente Requerimiento Fiscal.
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Por otra parte, se impulsó acción penal en contra del Secretario Adjunto del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, Héctor Orlando Díaz, acusado de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y sustracción de objetos destinados a servir de evidencias.
Según las investigaciones, el funcionario judicial se apropió de 83 mil lempiras que servían como prueba en un caso de Extorsión, donde se decretó un Fallo Absolutorio a favor de los imputados, por ende correspondía al encausado en su condición de Secretario de dicho Tribunal custodiar y devolver las evidencias a sus propietarios, no obstante esto no ocurrió.
Finalmente, se interpuso requerimiento fiscal contra el Jefe de la Sub Estación Policial de Langue, Valle, Ever Antonio Sánchez Reyes, por los delitos de cohecho y violación de los deberes de los funcionarios, tras comprobarse que éste solicitó y recibió un soborno de cuatro mil lempiras para dejar en libertad a un ciudadano que fue detenido por conducir su vehículo en estado de ebriedad.
El Suboficial II, adscrito a la Unidad Departamental de Prevención No 17, recibió el dinero en un negocio de venta de repuestos de Goascorán, Valle y por este caso el Ministerio Público solicitará en el momento procesal oportuno el Auto de Formal Procesamiento respectivo.
De esta manera, la Operación “Medusa” continúa desarrollándose por parte de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), reiterando el Ministerio Público lo que bien se ha dicho “la lucha contra la corrupción no es un discurso, es algo que tiene que dignificar la vida de todos, especialmente de los más excluidos”.
Dicho boletín fue publicado por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), ejerciendo nuevamente acciones contra operadores vinculados a actos irregulares y de corrupción pública.
