TEGUCIGALPA, HONDURAS. El caso “Corrupción sobre Ruedas”, denunciado este martes por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) deja al descubierto, nuevamente, como funcionarios, exfuncionarios y personas particulares ligados al poder político drenan fondos de las arcas del Estado.
De acuerdo a la vocera interina de la MACCIH, el drenaje se hizo desde y con funcionarios del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). Así como con dirigentes vinculados con programas gubernamentales como Bono 10 mil, Funasol, y proyecto capital semilla.
Calderón dio a conocer que, en este caso de corruptela, tres funcionarios públicos en apoyo de dos particulares drenaron fondos del Estado destinados a proyectos sociales por un monto de 11 millones 401 mil 151 lempiras.
En ese sentido, expuso que este caso se incluye a dos cómplices necesarias, Karol Vanessa Alvarado Izaguirre y Claudia Yamila Noriega González.
Ambas no participaron en los hechos como funcionarias públicas pero si como testaferros. Es decir, como particulares que colaboraron con funcionarios públicos para drenar fondos del Estado, quienes lo utilizaron.
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Según Calderón, el primer medio que se utilizó, es Banadesa a través del proyecto Bono 10 mil.
Recordó que el bono 10 mil es un convenio suscrito el 19 de mayo del año 2010 entre el Trab y Banadesa. Y que tenía como objetivo, entregar beneficios, a personas de la tercera edad, juvenil y con discapacidades especiales.
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Para cometer los actos de corrupción se utilizaron empresas de fachada
En virtud de eso, señaló que para esos hechos de corrupción se utilizó un empresa de fachada, la empresa Servicios e Inversiones AyD. Dicha empresa la crearon las cómplices necesarias, Karol Vanessa Alvarado Izaguirre y Claudia Yamila Noriega González.
De acuerdo a la vocera de la MACCIH, dicha empresa sirvió para el manejo de fondos que estaban destinados finalmente, de acuerdo a las investigaciones, para el financiamiento de campañas políticas. Y también para fines personales.
Calderón indicó que el monto que se utilizó entre el 4 de julio del 2013, al 24 de mayo del 2015, consistió en 11, 401, 151 lempiras aproximadamente. Lo anterior, se produjo con un total de 104 débitos.
“Obviamente estas 104 operaciones no las vamos a detallar porque son demasiado extensas, pero están contenidas en el informe de auditoría contable que hemos referido y que es bastante amplio”, mencionó.
Según Calderón, al finalizar el periodo mencionado, esto es del 19 de mayo del 2014 la cuenta terminó en cero.
¿Pero qué modalidades se utilizaron en este caso?
De acuerdo a la funcionaria, la modalidad resultó ser la de arrendamiento de vehículos. “Los acusados, autores y cómplices, se confabularon para crear un esquema, mediante el cual, a través de Banadesa, se utilizaron fondos que estaban destinados para el bono 10 mil”, detalló.
Asimismo, prosiguió: “Hicieron contratos simulados de arrendamiento de vehículos, que supuestamente deberían trasladar, a personeros del banco para la distribución de este bono. Recuerden ustedes que hace unos años se produjo el asesinato de un funcionario de Banadesa en el ejercicio de sus funciones. Entonces esta fue, diríamos, la explicación que se tuvo para utilizar, vehículos blindados. Para todo eso se utilizó, la empresa AYD. Y al evaluar la diversa documentación encontrada, se descubrió que en realidad estos vehículos blindados se usaron para trasladar a diversos personeros que iban a trabajar. O que iban a utilizarse en la campaña electoral”.
Por consiguiente, destacó que ese servicio y alquiler de los vehículos era pagado por Banadesa, por medio de cheques no negociables.
“En un monto total de 4,154, 020 lempiras, que supuestamente, era para pagar renta de vehículos blindados para utilizarse en el proyecto Trab-Banadesa. Repetimos, se utilizaron para trasladar a aquellas personas que trabajaban en las campañas políticas de aquella época”, puntualizó.
Segunda modalidad de drenaje de fondos estatales
La segunda modalidad utilizada, según Calderón, es el drenaje de fondos del Estado para la campaña política.
“Aquí solamente les voy a dar algunos ejemplos. Para estos fines se utilizaron más de 6 millones de lempiras. Uno de estos ejemplos lo constituye un consumo de alimentación de 700, 500 sándwich, que se utilizaron el 27 de enero del 2014 en el Estadio Nacional. Este pago lo autorizó Carol Vanesa, sin cumplir todos los requisitos para ser administradora de Casa presidencial. Y obviamente se hicieron giros a nombre de la empresa AyD, una empresa de fachada. Estos 700, 500 sándwich, tuvieron un costo de 862, 500 lempiras”, disertó.
De igual forma, la personera de la MACCIH confirmó que los fondos desfalcados también se habrían utilizados para servicios de publicidad.
“Entre el 30 de octubre al 13 de diciembre del 2013, el Congreso Nacional emitió tres cheque depositados a la cuenta de Ay D. Estos ascendieron a una cantidad total de 706, 320, que supuestamente eran para pagar servicios de publicidad, propaganda institucional. Y otros eventos especiales del congreso. Sin embargo, hasta la fecha no se tienen documentos que acrediten que han sido utilizados en esta publicidad oficial”, reveló.
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Además dijo que la empresa de Servicios AyD, giro un cheque por el monto de 700, 000 lempiras, que se cobró en efectivo. Y se utilizó para el pago de hospedaje, a los asistentes, de una convención de un partido político.
“Esta convención se llamaba “Todos por una vida mejor”, que se realizó el 15 de Marzo del 2014 en la ciudad de Comayagua”, evidenció.
«Segundo caso se relaciona a aseguramiento de bienes»
En conformidad con lo anterior, Calderón constató que otras de las modalidades que se estableció, a lo largo de esta investigación, es que se realizaron drenaje de fondos públicos para usos personales. Y se pudo detectar, diversos depósitos que salían desde la cuenta de AyD, a las cuentas personales de Karol Izaguirre. Inclusive, se giraron cheques, para pagar su tarjeta de débito.
Por otra parte, la vocera de la MACCIH detalló que el segundo caso se relaciona al aseguramiento de bienes.
“Ayer, al Juzgado de Privación de Dominio autorizo el inmediato aseguramiento de bienes. Y hoy en la mañana ya se aseguraron 9 vehículos y una empresa jurídica. A pesar de estar relacionados, son diferentes en la forma de cómo se operó”, dijo Calderón.
Prosiguió: “En primer lugar aquí se trató del alquiler ficticio de vehículos que se utilizaron por algunos funcionarios públicos. O por sus familiares, para su uso personal. Los fondos con los que se rentaron estos vehículos, provenían de tres fundaciones. O tres proyectos de bienestar social, del bono 10,000, de la fundación social Funasol, y el proyecto capital semilla”, verificó.
Vocera de la MACCIH: “Casos se sustentan en declaraciones de testigos protegidos”
En torno a eso, la fiscal internacional corroboró que ese caso lo sustentan declaraciones de testigos protegidos.
“Tienen la garantía de un juez. Nos ayudó a sustentar la información que ya teníamos del caso pandora, que modalidad se utilizaron. No era posible utilizar estos vehículos utilizando estos fondos, para funcionarios públicos. Pero si se podía hacer el favor del alquiler”, aludió.
De esa manera, pormenorizó que una empresa rentadora traspasó el 8 de febrero del año 2018, un vehículo con placa PDE4483, a la empresa Golden Rent a Card. Dicha empresa, alquiló ese automotor a Casa Presidencial. Y finalmente el usuario que utiliza ese vehículo es la señorita Andrea Carolina Hernández. “Este vehículo se pagó con el capital semilla”, aseveró Calderón.
Continuó: “Otro vehículo color blanco, utilizado inicialmente como vehículo alquilado, se traspasó a Carlos Roberto Castillo Andino, quien a su vez lo traspaso a Leni Isabel Martínez Torres, esposa del entonces presidente de Banadesa, Yoni Handal”.
“Ella utilizó este vehículo de placa, PDE9084 para adquirir el vehículo que vemos acá. Y este otro vehículo lo vendieron después de cumplir su función a una tercera persona. Hoy en día se ha procedido a asegurar este primer vehículo”, señaló.
“Todos los vehículos los adquirieron con fondos de capital semilla”
Asimismo, añadió que también se aseguró un Ford Explore de placa PDE 9079 utilizado por Gallardo Salgado. Lo anterior, en su condición de funcionario de Banadesa seria asignado este vehículo.
“El vehículo de placa PDM 5759 se le asignó a Marlon Daniel Salgado Méndez, hijo de Gallardo Salgado. Y el vehículo PDE 9085, también lo adquirieron. Todos los adquirieron a través del capital semilla. Y finalmente este vehículo que supuestamente estaba arrendado, paso a ser traspasado a la empresa inversiones Evis, de la que son gerentes Ana Beatriz Solís. Y David Ortiz Hawit, exgerente de finanzas de Banadesa”, afirmó.
Por último, Calderón apuntó que la modalidad de adquisición de estos vehículos, se adquirieron otros 4 vehículos que se pagaron por capital semilla. Y sirvieron para beneficiar a personas, como Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, y José Antonio Galdámez Fuentes. Ambos son socios de la empresa de la empresa Distribuidora Monters. Una empresa que también ha sido asegurada.
“Así se pueden apreciar entonces, en los dos casos que ha presentado a Ufecic- Maccih, se han utilizados fondos del Estado que estaban destinados para las personas más necesitadas, para la adquirió de vehículos para alquiler de vehículos, gastos personales, en fin”, concluyó la funcionaria de la OEA.
Tres delitos pesan contra los acusados
Cabe mencionar que son 3 los delitos que se les imputan a los involucrados en este nuevo caso de corrupción. Pero el delito de mayor relevancia es el fraude. Es porque dicho ilícito exige que en el funcionario público, que en el cumplimiento de sus funciones, participa en cualquier acto jurídico que tenga el Estado. Una cosa que se pudo advertir, utilizar su condición de funcionarios para favorecer a un tercero. Igualmente se puede explicar porque toda la trama montada es con el propósito de defraudar al fisco.
