Se confirma la alarmante tendencia del gobierno de Costa Rica a comprar entre instituciones y empresas públicas con contrataciones que se sustraen a la concurrencia de la empresa privada.
EDITORIAL
La maraña legal que regula las compras estatales en Costa Rica constituye una máquina de impedir que obliga a buscar soluciones peregrinas para adquirir, por ejemplo, brazaletes para reos.
Reseña un artículo en Nacion.com, que el Ministerio de Justicia «… luego de un intento fallido de adjudicar a una empresa privada el sistema de brazaletes electrónicos para reos, debido al alto costo, el Ministerio de Justicia cambió la ruta. Ahora, esa cartera busca que una entidad pública asuma el proyecto con el fin de hacerlo más expedito y lograr un mejor precio (se estima que pasaría de $30 a $18 diarios por cada sentenciado que use dispositivo).»
El «hacerlo más expedito» significa que la implementación del sistema de control de reos en libertad vigilada se adjudicará a alguna empresa pública cuya capacidad técnica para realizar esa tarea no es lo importante, pero sí lo es que las normas que la rigen le permitan realizar la contratación requerida eludiendo el sistema de control de compras estatales, como no lo puede hacer en este caso el Ministerio de Justicia.
Así, una de las empresas públicas de derecho privado contactadas es una distribuidora de electricidad, que casualmente según sus estatutos también puede proveer «servicios de telecomunicaciones e infocomunicaciones», aunque no puede exhibir experiencia alguna en brazaletes electrónicos. Otra es RACSA, una empresa estatal con tal desastrosa gestión en el área de las telecomunicaciones, que no ha quebrado y desaparecido del mercado solamente por la ayuda financiera de su empresa madre y por contratos con otras instituciones del Estado que evidentemente no son demasiado exigentes en la calidad de los servicios que reciben.
No queda claro si la intención del Ministerio de Justicia es lograr resultados en una contratación que de otra forma no puede concretar, o si ese Ministerio simplemente se plegó a la alarmante tendencia de este gobierno de autoalimentarse entre instituciones y empresas públicas con contratos que se sustraen a la libre competencia, impidiendo el concurso de la empresa privada.
Sería muy interesante verificar, en el futuro, que el costo real de cada brazalete sea realmente de $18 diarios, lo que eventualmente justificaría este raro procedimiento, o sí, como es previsible, supera ampliamente los $30 que hoy se consideran excesivos. ¿Alguien quiere apostar?
Fuente: CentralAmericaData.COM
