TEGUCIGALPA, HONDURAS. La suspensión de garantías constitucionales en el territorio hondureño por la pandemia del COVID-19 implicó grandes dificultades en las coberturas periodísticas, así lo indicó un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Muerte de periodistas a causa del COVID-19
Además, recordó que «muchos periodistas se contagiaron y murieron» a causa del virus. Entre ellos está David Romero, «quien se encontraba preso desde marzo de 2019 por el delito de calumnias e injurias».
Otros periodistas hondureños que perdieron la batalla del COVID-19 son Pablo Gerardo Matamoros, Francis Bojórquez, José Edilberto Zelaya, y Pedro Joaquín Boquín. También el diseñador gráfico de un reconocido diario de circulación nacional, Juan Carlos Salgado.
Violencia en contra de los periodistas
La SIP también señaló que en Honduras continúa la violencia y las agresiones en contra de la vida de los periodistas. Lo anterior, según el informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS-UNAH) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El ente interamericano recordó que el pasado 27 de septiembre el periodista independiente Luis Alonzo Almendárez «transmitía en vivo en Facebook en una calle de Comayagua, cuando desconocidos a bordo de una motocicleta le dispararon».
Almendárez, quien cubría información policial, notas sociales y denunciaba hechos de corrupción en las redes sociales; había recibido amenazas de muerte, «falleció al día siguiente a causa de las heridas», se indicó.
Asimismo, señaló que el 1 de julio el periodista Germán Vallecillo JR y su camarógrafo Jorge Posas, fueron asesinados a balazos por desconocidos en la ciudad de La Ceiba, zona norte de Honduras.
Medidas de seguridad para los periodistas
El informe de la SIP además agrega que en Honduras 29 periodistas cuentan con medidas de seguridad. Las mencionadas se brindan a través de la Dirección General del Sistema de Protección para los Defensores de Derechos Humanos (DDHH), periodistas, comunicadores sociales, y operadores de justicia.
Además, explica que los delitos de difamación tienen que procesarse en el ámbito civil desde el Congreso Nacional (CN); quien revisó el nuevo código penal con todos los artículos que van orientados a los delitos contra el honor. Debido a que criminalizaban y castigaban con cárcel y sanciones en el ejercicio de la libertad de expresión.
«El nuevo Código Penal, sin embargo, tiene disposiciones que podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social», destaca el informe de la SIP.
Peticiones de la SIP al gobierno
El organismo interamericano también recordó que el presidente de Honduras no ha respondido a la petición para reformar la ley; para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional.
Dicha ley, está vigente desde el 24 de enero del 2014 y se considera como un obstáculo para el acceso a la información pública. Pues, blinda la información reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta. Esto con 5, 10 y hasta 25 años, relacionada a más de 20 ministerios y direcciones de Gobierno, denunció la SIP.
Además, señaló que se monitorean los términos y alcance de la Ley sobre Ciberseguridad, aprobado por la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional. Y se esto se debe a serios riesgos para la libertad de expresión.
«La ley establece medidas para prevenir actos de odio y discriminación en las redes sociales e internet. Creando un mecanismo jurídico para regular el manejo de la información en redes sociales con obligaciones para los dueños o administradores de los sitios web», indicó la SIP.
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