TEGUCIGALPA, Honduras. – El Poder Ejecutivo de Honduras, sancionará este lunes la nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras.
Esta ley, es producto lucha para adecentar la institución policial. Misma que fue aprobada por los diputados del Congreso Nacional el 30 de mayo de 2017.
La Ley Orgánica de la Policía se aprobó el 8 de abril de 2016 un año después de que el mandatario hondureño Juan Hernández.
Esta ley fue aprobada bajo un decreto de emergencia para la depuración de la Policía Nacional. Proceso que inició desde las escalas más altas y que en poco más de un año permitió la depuración de más de 3,000 miembros.
Podría interesarle: Países de la OEA abordarán la problemática de seguridad del continente
También se sancionará la Ley de la Carrera Policial
Además de la nueva Ley Orgánica de la Policía, también será sancionada la Ley de la Carrera Policial.
Ambas leyes constituyen la coronación de un largo proceso que se ha impulsado para modernizar la Policía Nacional de Honduras. Esta se encontraba sumida en una profunda crisis debido a la infiltración del crimen organizado.
Mediante estas leyes se espera fortalecer los diferentes organismos policiales. De igual manera, dar sostenibilidad a la nueva estructura organizacional de la entidad, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y, establecer el régimen disciplinario adecuado.
De acuerdo a las autoridades, mediante la ley de la carrera policial se formalizarán procedimientos que privilegien los méritos. También, el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos.
En ese sentido, el miembro de la Comisión depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera, aseguró que mediante esta legislación se respetarán y exigirán los derechos que le corresponden a los integrantes de la institución policial.
Datos de interés
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto 21-2016. Entró en vigor el 8 de abril de 2016.
Dicho Decreto se declaró en emergencia nacional y facultó a la Comisión a separar a policías que no reunieran los requisitos de idoneidad y confianza.
Este, permitió a la Comisión Especial y al secretario de Seguridad hacer una reestructuración en al andamiaje institucional. Este año, se extendió la vigencia de la Comisión Especial hasta el 20 de enero de 2018.
4,374 miembros de la Policía han sido separados en 16 meses. 3,016 fueron por reestructuración, 425 por justa causa, 27 por cumplimiento de período de disponibilidad; 855 por retiro voluntario y 24 por discapacidad.
Se han pagado más de 700 millones de lempiras por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a todos los separados.
Hay 144 casos remitidos al Ministerio Público, que incluyen a 455 policías en la presunta ejecución de 28 diferentes delitos
