TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con el objetivo de cumplir con los derechos fundamentales de los privados de libertad de las cárceles de máxima seguridad, las autoridades penitenciarias del país ahora les permitirán hacer llamadas telefónicas.
De acuerdo al subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Germán McNiel, los internos en las cárceles de “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso, y “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara, podrán comunicarse telefónicamente con sus familiares.
“Es un derecho fundamental el poder comunicarse con sus familiares que se encuentran al exterior de los centros penitenciarios en el país”, indicó McNeil.
Seguidamente, el funcionario penitenciario añadió que la instalación de cabinas telefónicas estará “completamente monitoreadas”. “Las llamadas estarán completamente monitoreadas, y con ello aseguraremos que no se darán ordenes afuera”, indicó McNiel.
Además, agregó que esta disposición ya se empezó a implementar en la cárcel de Morocelí, El Paraíso. Sin embargo, subrayó que próximamente se empezará a implementar en Ilama, Santa Bárbara.
“Lo que buscamos como INP es agilizar la comunicación entre los privados de libertad y sus familiares. Es por ello, que lo hacemos con el propósito que estas personas se puedan comunicar”, puntualizó.
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Llamadas son grabadas y monitoreadas
Al mismo tiempo, el subdirector del INP explicó que dichas cabinas telefónicas desde donde realizarán las llamadas los privados de libertad; son monitoreadas y grabadas.
“Estas cabinas son monitoreadas. Además, en las mismas queda el registro de las llamadas que estos realizan para garantizar que estas llamadas no se van a prestar para la comisión de acciones ilícitas”, declaró McNiel.
En ese sentido, el funcionario afirmó que los reclusos no podrán extorsionar ni dictar órdenes a través de estas llamadas.
“Recordemos que el trato al privado de libertad es un trato progresivo. Es algo que como institución penitenciaria tenemos que cumplir; con los derechos fundamentales de los privados de libertad”, justificó.
Finalmente, aseveró que esta determinación no es una exigencia de los familiares; sino que, viene a ser un derecho para el trato de privados de libertad de las Naciones Unidas y la misma ley del sistema penitenciario”, puntualizó McNiel.
