TEGUCIGALPA-HONDURAS. Hasta el martes 22 de enero a las 04:00 p.m. se conocerá la resolución en el caso Pacto de Impunidad donde se acusan a los diputados Antonio Rivera Calleja y Sara Medina por falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
Luego de concluir la audiencia inicial, el juez natural determinó postergar dicha resolución. Así lo informó la tarde de este miércoles el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Cabe señalar que en dicho caso se involucran a cuatro actuales diputados, uno de ellos ya tiene sobreseimiento definitivo.
Silva explicó que la Fiscalía pidió en el debate se mantuvieran las medidas cautelares para los legisladores nacionalistas. Mientras que la defensa solicitó un sobreseimiento definitivo para sus representados.
Es preciso indicar que a Rivera Callejas y Sara Medina se les agregó a la acusación del caso Pacto de Impunidad. Caso que un inicio involucró a los diputados Román Villeda, y Tomás Zambrano.
Se debe recordar que al diputado Villeda, el juez le dictó auto de formal procesamiento. Y Zambrano Molina se le favoreció con sobreseimiento definitivo.
Tras salir de la audiencia Antonio Rivera Callejas y Sara Medina manifestaron que se sienten tranquilos. Eso, porque poseen los argumentos necesarios para demostrar su inocencia. A efecto de eso, ambos coincidieron en que el próximo 22 el fallo será a favor de sus pretensiones.
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PACTO DE IMPUNIDAD
Cabe indicar que la UFECIC-MP y la MACCIH-OEA señalan a los actuales congresistas como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública. Y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Lo anterior, por haber aprobado reformas a de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Según denunció en su momento la MACCIH, a través de dicha reforma se estableció un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y ONG, encargando la auditoría de dichos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la publicación de la reforma en mención.
De acuerdo a la MACCIH con esa norma se pretendió frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se apropiaron de recursos públicos. Buscaba, además, que la documentación incautada por UFECIC-MACCIH en la Secretaría de Finanzas el pasado 29 de noviembre, sea ahora entregada al TSC impidiendo el uso de las pruebas correspondientes para incriminar a responsables de ilícitos penales en poder de la Fiscalía.
