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miércoles, abril 24, 2024

Por el puesto de fiscal general: Abogado Aníbal Aguirre presenta documentos

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TEGUCIGALPA-HONDURAS. El abogado Aníbal Izaguirre Maradiaga, de 52 años de edad , es el primer aspirante en presentar ante la Junta Proponente sus documentos para aspirar a ser el nuevo fiscal general de la República. Lo anterior, está confirmado por reportes proporcionados por un medio local del país.

Con la presentación del togado se da seguimiento al protocolo sobre nominaciones a dicho cargo establecido por la comisión seleccionadora.

Cabe indicar que el profesional del Derecho se ha desempeñado dentro del Ministerio Público (MP), en cargos importantes. Entre estos se pueden mencionar: sub jefe de la Fiscalía Especial de la Transparencia y Combate Contra la Corrupción Pública. Así como también sub jefe de la Unidad de Investigación y Enjuiciamiento de fiscales y funcionarios Públicos (2013-2015).

Sin embargo, la información revela que el actual fiscal Óscar Chinchilla es candidato preferido de un sector influyente del país. De acuerdo a información revelada, ese grupo de personas buscan convencer a Chinchilla para que continúe al frente del MP. No obstante, Chinchilla ha pronunciado que no tiene pensado en continuar en dicho cargo.

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Junta Proponente hace oficial protocolo para escogencia de candidatos a fiscal general

Cabe indicar que la Junta Proponente días atrás publicó el protocolo que seguirán los candidatos a Fiscal General y Adjunto. La nominada seleccionada será presentada ante el Congreso Nacional (CN) para su votación.

En ese sentido, el protocolo tiene por objeto desarrollar el reglamento de la Junta Proponente. Lo anterior, con el fin de facilitar al aspirante su aplicación al proceso de selección. Asimismo, dicho instrumento contiene entre otros aspectos, la evaluación de los antecedentes profesionales. Además, los mecanismos en que se llevarán a cabo en las audiencias públicas.

También, establece las pruebas de confianza y la presentación de la nómina de candidatos ante el CN. Igualmente, establece la forma en que las personas pueden interponer denuncias e impugnaciones en contra de los aspirantes.

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