Tegucigalpa. En la Sala I del Tribunal de Sentencia inició este día el Juicio Oral y Público en contra del ciudadano José Rosario Bonnano Zaldivar, quien se desempeñó como Secretario de Estado en los despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).
A Bonnano Zaldivar, el Ministerio Público lo supone responsable por los delitos de Fraude y Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública.
El Código Penal en su artículo 376 por el delito de Fraude, establece una pena de 6 a 9 años de reclusión más la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena. Mientras que por el delito de Abuso de Autoridad el artículo 349, que establece una pena de 3 a 6 años de reclusión.
Antecendentes
Cabe destacar que, los hechos refieren al proyecto de construcción y pavimentación de la carretera de La Esperanza hacia Marcala. Pues esta sufrió varios atrasos y no se concluyó su ejecución.
Es así que en fecha 18 de agosto de 2009 se suscribió un convenio para la resolución del contrato por mutuo acuerdo entre las partes.
Este fue suscrito por Bonano Zaldivar, en su condición de secretario de SOPTRAVI y entre el señor Roberto Andino Varela, en representación de la constructora Consultoría y Construcción S. de R.L. de C.V. (CONSULCO). Aún y cuando lo que realmente existió fue un incumplimiento del contrato de parte de la compañía constructora.
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Según el Ministerio Público lo que debió haberse realizado en este caso era un acuerdo de resolución por el incumplimiento del contrato.
Tal como lo establece la Ley de Contratación del Estado y no un convenio sobre mutuo acuerdo.
Según investigaciones este permitió que las garantías del fiel cumplimiento y de anticipo se vencieran y no se ejecutaran. Esto resultó en detrimento de las finanzas públicas del Estado de Honduras.
Montos a pagar
Además, se hace hincapié sobre los hechos que el contrato de construcción finalizó el 31 de diciembre de 2008. Habiéndose suscrito por parte de CONSULCO, la garantía de fiel cumplimiento a favor de SOPTRAVI, por incumplimiento.
Esta entidad estaba obligada a acreditar la cantidad de 10 millones 629 mil 227 lempiras con 40 centavos.
De tal manera, la fiscalía argumenta de igual forma, que no se acreditó totalmente la garantía de anticipo que otorgaría la constructora. Ya que a la fecha de vencimiento del contrato existía un saldo de 2 millones 237 mil 559 lempiras con 40 centavos.
Esto por concepto de anticipo que quedó pendiente de amortizar, lo que equivale al 16.60 por ciento del monto total que al final ascendió a la cantidad de 13 millones 481 mil 078 lempiras con 6 centavos. Eso, por concepto de garantías que se vencieron el 31 de diciembre de 2008.
