El Salvador sopesa declarar el estado de excepción por el repunte de la violencia

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Policía salvadoreña presentó a integrantes de la Mara Salvatrucha, acusados de extorsión y homicidios en diferentes sitios de El Salvador.

SAN SALVADOR. Los presidentes de los tres poderes del Estado salvadoreño analizan implementar un estado de sitio en algunos municipios del país, como medida para reducir los índices de homicidios de 2016, que ya duplican los registrados en el mismo período del año pasado.

Entre el 1 de enero y el pasado domingo, se han registrado 1,537 asesinatos, el 113.5 por ciento más que en el mismo período de 2015.

El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, convocó a los presidentes del Congreso, Lorena Peña, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Pineda, y al fiscal general, Douglas Meléndez, para evaluar una serie de “medidas extraordinarias”.
El portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, dijo que evalúan “los alcances y la modalidad que pudieran tener medidas excepcionales como la suspensión de garantías (constitucionales) o la declaración de emergencia nacional”.

Un estado de sitio afectaría a “lugares, municipios, barrios y comunidades, identificados como de alta incidencia delincuencial, por las autoridades de Justicia y Seguridad Pública”, según publica el diario La Prensa Gráfica en su edición digital.

Añade que existen diez municipios que son los candidatos a formar parte de tales medidas.

JUSTIFICADO
La presidenta del Congreso dijo que el estado de sitio “está justificado” y que este puede generar las “condiciones” para el desarrollo de los planes de seguridad.

Peña apuntó que decretar “el régimen de excepción no resuelve nada”, pero permitirá realizar capturas, allanamiento e intervención de las comunicaciones “sin orden judicial”.

Advirtió que la medida conlleva la suspensión de garantías constitucionales, como el de libre reunión y movilización.

CASOS DE GUERRA
La Constitución salvadoreña establece que “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías”, y que “tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República”.

El artículo 29 señala que la implementación del estado de sitio “se hará por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo”, mientras que el número 30 apunta que este no puede exceder los treinta días.

DERECHOS HUMANOS
El ombudsman salvadoreño, David Morales, advirtió de que la implementación del estado de sitio no es una “licencia” para los cuerpos de Seguridad para violar derechos humanos.

Abogó, en caso de ser aplicada, porque exista “un mayor fortalecimiento de los controles internos” de la Policía, la Fuerza Armada y las cárceles.

Peña aseguró que “es mejor vigilar que no haya errores de los soldados (violaciones a derechos humanos) que permitir once muertos en una mañana”.