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Ernesto Alvarado Reina
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Como sucede casi siempre que se avecina una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el espectro de la devaluación del lempira aparece, algunas veces invocado por la autoridad monetaria y algunas otras por interesados de la empresa privada.
En esta ocasión la iniciativa de la devaluación se ubica en la empresa privada, y más específicamente en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), cuyo presidente y factótum, Adolfo Facussé, propone un “deslizamiento” mensual del lempira, en relación con el dólar, de 0,5%, dizque para evitar una caída mayor.
“Si es factible llegar a un acuerdo de esos que serían saludables —dice el presidente de la ANDI—, estimularemos las exportaciones y disminuirían las importaciones, que es donde estamos más graves”. Lo que se cuida de callar don Fito es que todo eso es a costillas del sector asalariado, quien en última instancia es el que subsidia —vía reducción del valor adquisitivo de los salarios— a los exportadores.
Desde el inicio de la crisis política, el sector empresarial involucrado en el golpe de Estado militar del 28 de junio ignoró deliberadamente el efecto letal del rompimiento del orden constitucional sobre la economía, asumiendo que la cooperación internacional se encargaría, a final de cuentas, de resolver el problema restituyendo las donaciones y créditos suspendidos, e incluso aumentando sustancialmente la ayuda financiera.
Durante el gobierno de facto, este sector golpista recibió sendos aportes financieros del Estado para pagar las famosas marchas de la democracia, además de diversas canonjías que pesan sobre el Erario. De tal suerte que éste es un factor importante que ha contribuido al agravamiento de la crisis económica, que ahora se pretende enfrentar con la devaluación.
Vale la pena recordar que antes del golpe de Estado militar, Honduras había sorteado con éxito remarcable la crisis económica derivada de la crisis financiera global, al grado de ser el país centroamericano mejor posicionado en las expectativas de crecimiento económico (entre 3,5 y 4,0 por ciento), gracias, precisamente, a una política estable de seguridad en el mantenimiento de la paridad monetaria.
En las infortunadas circunstancias actuales, a consecuencia —insistimos— de la crisis política, la seguridad monetaria sigue siendo un imperativo, tal vez más prioritario que antes. La devaluación, además de ser el más duro e injusto impuesto principalmente para la gente pobre, es un componente activo de la desestabilización social. Un elemento explosivo en las condiciones de volatilidad política y social en que se encuentra la sociedad hondureña.
Peor, por supuesto, si está clara la intención de cargarle todo el peso a la gente pobre, que ya no halla a qué santo encomendarse.
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