TEGUCIGALPA, Honduras. – El Congreso Nacional firmó a finales de este mes una serie de amenazas a la libertad de expresión y la democracia en Honduras.
Con un total de 75 votos a favor, la Cámara Legislativa aprobó un polémico artículo que criminaliza la protesta social. En ese sentido, se certificaron penas que van desde 10 hasta 20 años de prisión.
En resumen, el polémico artículo 590 denomina como «Asociaciones Terroristas» las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos o más personas para cometer algún delito. Específicamente, aquellos destinados a subvertir gravemente el orden constitucional, alterar la paz pública o provocar terror en la población.
Asimismo, se aprobó una nueva ley que censura la libre emisión del pensamiento y que criminaliza la publicación de noticias.
Se trata de un enunciado que dice que, «quien públicamente difunde de forma reiterada noticias o rumores falsos que atemoricen a la población o parte de esta, y de este modo se cree un peligro grave para la vida, la salud de las personas o el patrimonio, debe ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años».
Ante la validación de estas medidas de represión; la pregunta que se desprende es quién va determinar si un grupo puede ser catalogado como una «asociación terrorista». O por otra parte, quién decidirá cuáles son noticias o rumores falsos que merecen una acusación que pueda llevar a la cárcel a un periodista o a un ciudadano común.
Según expertos, estos artículos dejan a discreción del juez tipificar como acto de terrorismo cualquier movilización o publicación.
Cabe recordar que a inicios de año también se ratificó una normativa que equipara la protesta social con crimen organizado. Esto bajo el mismo contexto de la figura del «Terrorismo».
En ese sentido, se castigará con penas que van desde cuatro a ocho años de prisión a la persona que «a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este».
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Organizaciones de Derechos Humanos reaccionan consternadas
Según Andrés Molina, defensor de derechos humanos y miembro del Comité por la Libre Expresión (C-Libre); estas nuevas disposiciones representan un retroceso de las libertades públicas y violan tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras.
«Se trata claramente de un atentado contra la libertad de expresión, como un bien público que le pertenece a toda la sociedad. Además atenta contra el derecho de buscar, recibir y transmitir información por parte de los periodistas», enfatizó.
De acuerdo al activista, los artículos son una clara violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ende, Honduras podría ser procesada ante una corte internacional.
«Esto limita la posibilidad de avanzar en el proceso democrático. Nos retrocede a etapas en las que los cuestionamientos al poder eran tomados como delitos», explicó Molina.
Según el analista, esto afecta a la ciudadanía en su conjunto porque limita su capacidad de protestar o hacer denuncias. Así como a los periodistas que no pueden informar a la población con independencia y sin miedo de ser encarcelado.
«Afecta a cualquier líder político o social que cuestione a quienes tienen el poder. Los pueblos indígenas y negros que mantienen constantes protestas en los últimos años pueden ser acusados de terrorismo», señaló.
Nuevas leyes obedecen a intereses oscuros
Molina afirmó que estas acciones pretenden silenciar los señalamientos hacia el gobierno en el futuro. «El interés más peligroso es el de una dictadura que ya controla todos los poderes públicos; pero no tiene capacidad de controlar las protestas de calle y a un sector de la prensa que todavía es capaz de cuestionar como se ejerce el poder», subrayó.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante las reformas al código penal. La organización emitió un comunicado en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
«La ambigüedad de los tipos penales aprobados facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término; para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, manifestaron.
