TEGUCIGALPA, HONDURAS. Debido a los “daños” que ha sufrido un tramo del denominado corredor logístico y por los efectos de la crisis postelectoral que ha vivido el país en los últimos meses, el Estado de Honduras deberá pagar una millonaria indemnización.
La deuda adquirida por el Gobierno de la República con las concesionarias de las carreteras comienza a pasar factura al bolsillo de la población. Esto, ya que se les deberá pagar unos 11 millones de dólares (aproximadamente 259, 089,710. 47 millones de lempiras).
Cabe recordar que durante la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el Estado hondureño adjudicó una concesión a la empresa colombiana Autopistas del Atlántico, S.A. (ADASA). Específicamente, la concesión a ADASA fue hecha en 2012 y ya han pasado seis años y el corredor que une el Valle de Sula con la región atlántica no ha sido objeto de mejoras.
En ese sentido, sólo se ha demostrado la incompetencia del consorcio por remodelar el extenso tramo. Asimismo, deja en evidencia las irregularidades en los contratos suscritos con el conglomerado de empresas.
Es oportuno mencionar que el consorcio no está conformado no sólo por ADESA, también operan dentro del consorcio las compañías: Profesionales de la Construcción (PROECON), representado por el hondureño Marco Tulio Gámez Panchamé. Además, CI Grodco de Colombia y CI Grodco de Panamá, quienes recibieron una concesión por 30 años. Esto, para operar la vía que mide 213 kilómetros. La cual inicia en la comunidad de La Barca, departamento de Yoro y finaliza en La Ceiba, Atlántida. Sin embargo, hasta la fecha no han pavimentado en su totalidad el extenso tramo carretero.
Según el exsecretario de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, el pago de la penalidad obedece a que en el segundo semestre del año anterior se reportó una pérdida de 11 millones de dólares. Al mismo tiempo, Cerrato indicó que dicho monto se basa en lo estipulado en la concesión. Misma que fue autorizada por la Comisión para la Promoción de las Alianzas Públicas y Privadas (COALIANZA). Así también, contó con el aval de la Superintendencia de Concesiones Públicas y Privadas.
No obstante, el concesionario ha venido incumpliendo los contratos. Ya que las obras para la construcción del corredor turístico debieron empezar en los primeros 270 días. Esto, luego de haberse autorizado la cesión de la infraestructura, a la fecha, apenas se han pavimentado algunos tramos. Pero han construido algunas casetas de peaje en el tramo de la comunidad de La Barca.
No obstante, dichas casetas fueron inutilizadas por los pobladores de El Progreso. Así como de las áreas circunvecinas, pues los ciudadanos exigían el libre derecho a la movilización.
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Denuncian modificación al contrato con empresas concesionarias
En relación al tema, el ex diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Bartolo Fuentes, denunció a través de una intervención en Radio Globo, que hubo modificaciones o adendum al contrato con empresas concesionarias. Según Fuentes, los beneficios a favor de ADASA pasarían de ocho a 20 millones de dólares.
Además, que “al 15 de enero, al no generarse los beneficios, el Estado debe pagar el complemento. Y por cada día que transcurra se van generando intereses por mora a favor del concesionario”.
Aseguró que el consorcio apenas se ha limitado a edificar casetas (de peajes) y a limpiar algunas aceras. “Solamente limpiaron las medianas de unos bulevares. Y todavía no han rehabilitado el puente La Democracia, eso es una sirvengüenzada”, puntualizó el exparlamentario.
MÁS FUGA DE DINERO
“La caseta costó más que el mantenimiento del puente”. Lo anterior, lo manifestó Fuentes en su intervención en la capitalina Radio Globo. El ex congresista reveló que el tramo comprendido entre El Progreso, Yoro y Tela, Atlántida, es manejado por la Constructora William y Molina. Ante ello, aseguró que en ese tramo incompleto han ocurrido varios accidentes vehiculares. “Rompieron la calle y cuando un vehículo se estaciona hay alta posibilidad de que ocurran accidentes de tránsito”, sentenció.
“Los colombianos tienen un negocio redondo junto a varios empresarios hondureños y el aval es el Gobierno. El Estado se comprometió (con el concesionario) en aplacar a la gente que ha estado protestando; pero la cuenta sigue corriendo y ellos van a ganar hasta 300 millones de lempiras sólo en El Progreso y el capital no se quedará en Honduras”, concluyó Fuentes.
Para finalizar, es oportuno mencionar que dicha construcción del tramo carretero se estableció como fecha inicial el 21 de mayo de 2015 y debería finalizar el 21 de mayo de 2019; no obstante, las obras no han avanzado en ese trayecto y las condiciones del corredor turístico siguen siendo nefastas.
