TEGUCIGALPA, Honduras. – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó ante el Ministerio Público (MP), dos nuevas líneas de investigación sobre presuntos actos de corrupción en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), durante la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa.
En ese sentido, las investigaciones en mano del CNA señalan que el PRAF otorgó de forma fragmentada 420 contratos. De los cuales 243 fueron para una sola empresa, mientras que, los 177 restantes fueron repartidos entre dos empresas ligadas entre sí.
De acuerdo al Consejo Nacional Anticorrupción, estas empresas desfalcaron las finanzas del Estado hondureño por más de 30 millones de lempiras.
Cabe mencionar que, ambas líneas de investigación están siendo investigados por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del MP. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el nombre de los ex funcionarios públicos y las empresas involucradas.
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Las líneas de investigación contra el PRAF
Los documentos en poder del Ministerio Público, presentados por el CNA indican que la primera línea de investigación se trata de la confabulación de al menos ocho ex funcionarios.
Según la investigación, los señalados integraban el comité de selección y adjudicación de ofertas del PRAF. Mismos que, administraron más de 46.6 millones de lempiras para la contratación de empresas encargadas de la ejecución de varios proyectos de capacitación a nivel nacional.
El escrito presentado al MP explica que, el perjuicio económico para el Estado de Honduras por este caso fue de más de 17.4 millones de lempiras.
Para el CNA, esta institución ejecutó pagos millonarios a través del fraccionamiento de contratos. Esto, con el objetivo de evadir procedimientos establecidos en la ley de Contratación del Estado.
“Todos los contratos comparten el mismo objeto de prestar servicios de capacitación distribuidos en 16 departamentos del país y se ejecutaron en el periodo comprendido del año 2012 al 2014”, indica el documento.
En la investigación se identificó la adjudicación de 243 contratos con una sola sociedad mercantil. Por el total de contratos antes mencionados, el PRAF pagó un total de 43, 625,750.00 a la empresa contratada.
Es necesario resaltar que para evitar los requisitos establecidos por la Ley de Contratación del Estado, los montos de cada contrato no sobrepasaban los 180 mil lempiras por servicios de capacitación.
Esto, en las áreas de panadería y repostería, mecánica automotriz, soldadura, belleza y cosmetología. Además, del área de electricidad, manualidades, procesador artesanal de lácteos y cocina básica y otros.
Ante ello, los respectivos comités de adjudicación permitieron un fraccionamiento de contratos. Mismo, que dio lugar a que se beneficiara a una empresa mercantil según la investigación en poder del CNA.
CNA: “Los contratos fueron estratégicamente fraccionados y sobrevalorados”
En consecuencia con la segunda línea de investigación, las autoridades del CNA determinaron que ambos casos los contratos fueron estratégicamente fraccionados y sobrevalorados, por las autoridades de dicha institución.
“Los proyectos fueron administrados de forma irregular por los funcionarios denunciados; quienes, invirtieron una gran cantidad de fondos públicos asignados al PRAF”, dice el documento presentado por el CNA.
El mismo escrito, detalla que los fondos asignados fueron para la contratación de asociaciones civiles y empresas mercantiles. Generando pagos millonarios por contratos que fueron estratégicamente fraccionados y sobrevalorados.
Para el caso, en la segunda línea de investigación se identificó la adjudicación de 177 contratos a dos sociedades mercantiles. “Todos los contratos comparten el mismo objeto de prestar servicios de capacitación distribuidos en 16 departamentos del país. Se ejecutaron en el periodo comprendido del año 2012 al 2014”, reza uno de los párrafos del documento.
Se favoreció con la adjudicación de 177 contratos a las asociaciones civiles denunciadas. De los cuales 94 contratos fueron adjudicados a la primera asociación civil por un valor de 16, 551,360.91 lempiras.
Por su parte, la otra asociación civil fue favorecida con 83 contratos por un valor total de 14, 918,586.28 lempiras. Toda esta información, según documentación presentada por el CNA al MP.
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Pagos por conceptos de capacitaciones
El CNA según su investigación establece que el monto total pagado por el PRAF en concepto de contratos por servicios de capacitación ascendió a 31,469,947.19 durante el periodo 2012 al 2014.
No obstante, para el CNA este tipo de capacitaciones tienen un valor de 18 millones de lempiras. Por lo que presuntamente hubo un perjuicio de 12, 587,978.88 lempiras.
Visto lo anterior, de acuerdo al CNA, la intención de estos contratos era ejecutar proyectos de desarrollo humano sostenible. Creando los programas denominados proyecto de Desarrollo Integral de la Familia.
Los programas que fueron favorecidos con estos supuestos actos de corrupción fueron: Bono Juvenil y el proyecto de Desarrollo Integral de la Mujer conocido como DI-Mujer.
Estos dos proyectos fueron enfocados en formar mujeres y jóvenes en las áreas de capacitación social, organizativa. Esto, en controles internos de contabilidad, productiva, artes, deportes, microempresarial y otras.
