Caso Sotel: Corte Suprema frena abuso de autoridad de la OABI

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Zavala de la OABI.

TEGUCIGALPA.- La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) recibió  una dura advertencia contra sus constantes abusos de ley.

El lunes la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró admisible un Recurso de Amparo contra una ilegal acción de ese ente.

La OABI el pasado 21 de octubre de 2016 realizó subasta de bienes incautados a empresas supuestamente involucradas en actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico.

Aún sin saber las razones, OABI incluyó la Sociedad Televisora Nacional (SOTEL) entre un grupo de empresas supuestamente vinculadas a actividades ilícitas. Cabe señalar que esta empresa está formada por un grupo de empresarios hondureños, entre ellos la familia Rosenthal Hidalgo.

En base a ese dictatorial proceder, OABI incluyó bienes a subastar vehículos de  Sociedad Televisora Nacional (SOTEL).

” SOTEL no esta siendo señalada por ninguna agencia de investigación nacional o internacional”, confirmó el abogado Marlón Duarte. De hecho Canal 11 nunca ha sido suspendido.

El gerente de la OABI, Francisco Zavala, aseguró en Octubre que ellos han estado vendiendo bienes de la Familia Rosenthal tanto incautados, como decomisados, “esto según la ley”.

Zavala aseguró que se siguió todos los procedimientos legales correspondientes para la subasta de los bienes. Pero esta versión fue refutada contundentemente por el abogado Duarte.

Nota Vinculada: Abogado denuncia violación al debido proceso en subasta de la OABI

Duarte dijo que la primera violación de la OABI fue el derecho a la propiedad establecida en la Constitución de la República ”.

Seguidamente, OAIB no procedió como se establece en un debido proceso para incluir esos bienes en una lista para subastar, agregó Duarte.

Para empezar argumento:  “No pesa sobre SOTEL una medida de aseguramiento de bienes. Por lo tanto, es imposible e ilógico que se esté vendiendo bienes de una empresa que no tiene ningún proceso judicial pendiente”, ahondó Duarte.

Pero el abuso de la OABI, solo en este caso, fue más allá de lo irrisorio. Esa dependencia del Estado justipreció vehículos que tienen valores aproximados de un millón de lempiras en 60 mil lempiras.

En todo caso, dijo Duarte, “el Código Procesal Penal advierte que toda evidencia tiene que pasar por una previa-pericia. Esto para sanear el bien, y esto no se hizo”.

Luego explicó: Los peritos son nominados por el Ministerio Publico, y estos hacen el peritaje, “previo citación y conocimiento de las partes, según el Código Penal”. Pero esto tampoco no se llevó a cabo, aseveró Duarte.

“Los procedimientos transparentes debían haber involucrado a las partes, y tampoco lo hicieron, esto es lo que nosotros estamos peleando”, aclaró Duarte.

El representante legal de los Rosenthal también manifestó que “la ley de privación de dominio no puede estar por encima de la Constitución. Y ña Carta Magna habla sobre el debido proceso”.

“Jamás se ha nombrado un perito en ningún expediente en esta subasta, lo que es ilegal según la Constitución”, expuso.

CASO SOTEL: LA LEY DA LA RAZÓN

El lunes anterior, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha declarado admisible el Recurso de Amparo. Este derecho fue ejercido por el abogado Marlón Duarte, representantes de SOTEL.

El recurso demandaba la prohibición de vender bienes de SOTEL por parte de la OABI.

Marlón Duarte presentó este Recurso de Amparo un día antes de que la OABI realizara la subasta de bienes. Esto ocurrió en octubre de 2016 en San Pedro Sula.

“Este caso es precisamente de la Empresa Sociedad Televisora S.A. (SOTELSA). Es una empresa que no ostenta en este caso ninguna medida de aseguramiento como empresa”, dijo Duarte.

Asimismo, explicó que Sotel, es una empresa que está adscrita a la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). Existe un interés por parte de la SIP de que no se le violenten derechos fundamentales, como es el Derecho a la Propiedad”.

“Nosotros hemos venido diciendo que este acto de vender anticipadamente bienes de empresas es totalmente arbitrario. Y más cuando ni siquiera han sido sometidos a un proceso judicial. Eso está fuera de derecho”, insistió el profesional.

Por lo tanto, el profesional del derecho afirmó que de esta forma se violentan garantías constitucionales. Entre estas: El Derecho a la Propiedad y el Derecho a la Presunción de Inocencia.

“Nos alegra mucho que se está ejerciendo el debido proceso en este tipo de actuaciones”, declaró Duarte.