Honduras. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecámara) piden que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sea auditad. Esto lo hacen antes del desembolso de 155 millones de dólares que el BID le hará al Gobierno para la estatal.
La petición de las organizaciones empresariales surge a raíz de la aprobación que hizo el Congreso Nacional (CN). La mayoría de parlamentarios estuvieron a favor de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgue el polémico préstamo.
La estatal argumenta que el dinero será utilizado para «el mejoramiento del sistema de transmisión de energía eléctrica en el Valle de Sula».
De tal forma que el director de la CCIC, Pedro Barquero, y el presidente de la Fedecámara, Menotti Maradiaga, se presentaron en una conferencia de prensa en la que aclararon los puntos de la solicitud.
Primeramente, Barquero expuso que el «pago de la energía eléctrica para el pueblo hondureño y el empresariado nacional, en los últimos meses, se ha duplicado y triplicado».
Fue enfático al exponer que la ENEE ha acumulado una deuda de alrededor de 70 mil millones de lempiras». Para «poder pagar esa deuda se va a tener que conseguir un refinanciamiento». Por lo que los hondureños «tendremos que pasar entre 30 y 40 años» pagándola.
En los últimos años, la ENEE ha sido administrada por el dirigente político Jesús Mejía.
En conclusión, Barquero dijo que para lograr la transparencia se debe hacer lo siguiente:
- Que una compañía internacional, experta en temas contables y de electricidad, audite los estados financieros de la ENEE.
2. Las puertas de la ENEE deben abrirse para que «la Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), la UFECIC (Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción) y el CNA ( Consejo Nacional Anticorrupción) hagan una revisión».
La propuesta del empresario es para estar «seguros de la transparencia del manejo de los fondos». Barquero explicó que esas instituciones tienen que verificar «si los contratos se están cumpliendo y si lo que se está pagando es la energía que se está recibiendo».
Acotó que es necesario «hacer públicos todos los pagos que se han hecho en los últimos dos o tres años». Así se verificará que dichos pagos sean a «empresas que sí existan y que hayan despachado realmente la energía que están cobrando».
