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jueves, abril 18, 2024

“Administración fraudulenta”, la denuncia por la que la DPI investiga a Antonio Guillén

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TEGUCIGALPA. El empresario Antonio Guillén, interrogado la semana anterior por la Dirección de Investigación Policial por la compra de un millonario terreno supuestamente sin contar con la autorización de la Junta Directiva de una importante compañía norteña, tiene un expediente administrativo-investigativo abierto por “administración fraudulenta”.

Así lo conoció Diario TIEMPO al consultar sobre los avances de las averiguaciones hechas por los cuerpos de investigación contra Guillén, quien además es ejecutivo de Molino Harinero Sula, una empresa vinculada con la sociedad denominada Alianza. Fuentes conocedores del tema han informado que dicha empresa paga apenas L3.50 de divídenos por acción.

Alianza, en la que participa como accionista Molino Harinero Sula, a su vez es accionista de la empresa Cementos del Norte S. A. (CENOSA), en la que Guillén habría practicado la “administración fraudulenta”, de acuerdo con la denuncia que investiga la DPI.

Se presentó a declarar

El terreno presuntamente adquirido de manera irregular y por el cual se abrió investigación contra el señor Antonio Guillén, está localizado en Tegucigalpa. Se adquirió a un precio que ronda los 25 millones de lempiras, informaron fuentes ligadas a la investigación.

De hecho, el martes pasado de manera muy discreta y tratando de evadir la presencia de medios de comunicación, Guillén asistió a las instalaciones de la DPI en San Pedro Sula, donde finalmente le tomaron una declaración en cuanto a la denuncia que pesa sobre él.

Durante un tiempo, Guillén fungió como presidente de la directiva de CENOSA, pero los documentos en manos de la DPI indican que la adquisición que él hizo jamás fue autorizada por las demás autoridades de la empresa. Así se lee en las actas de sesión que fue allegada al ente investigativo.

Pero una decisión judicial dejó a Guillén fuera de la administración de CENOSA. Un juez en materia civil ordenó una medida cautelar de embargo y designó un administrador judicial, dejando a este nuevo funcionario el control administrativo y operativo de la empresa, sin que se vea afectada su producción y los objetivos del negocio.


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