Alto Comisionado de DD.HH. cuestiona las reformas penales

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Actualmente el delito de extorsión queda tipificado como una acción de crimen organizado, por lo que ningún juez podrá otorgar medidas sustitutivas de prisión.

De esta forma se pretende atacar a las organizaciones delictivas que se dedican al cobro denominado “impuesto de guerra”.

Esta propuesta de reforma continúa en la línea de endurecimiento del delito que se inició en reformas anteriores con el incremento de las penas de hasta 15 a 20 años de prisión o cadena perpetua para el que cometa delito de extorsión y de muerte a la víctima.

Dicho endurecimiento de las penas se mantiene en la actual propuesta, a pesar de la opinión contraria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual indicó la necesidad de que se revise la proporcionalidad de la pena con el daño causado por el delito, actualmente equiparado a la pena prevista para homicidio.

Así mismo la CSJ también consideró que difícilmente aumentando las penas se disminuirá drásticamente la incidencia delictiva.

A este respecto, se consideran acertadas y pertinentes las dos valoraciones realizadas por la Corte. Igualmente significativa resulta la exposición de motivos del decreto que introduce esta reforma penal.

En ella se indica: “se necesita contar con mecanismos y herramientas de combate a dicho ilícito penal y su equiparación con conductas delictivas como el terrorismo.”

A este respecto, el Sistema de Naciones Unidas ha instado a los Estados limitar la consideración de actos terroristas a los que únicamente guarden dicha naturaleza.

Es importante señalar que, si bien es cierto el delito de extorsión es pluriofensivo al igual que el de terrorismo, la extorsión no ha considerarse per ser y de manera automática como un acto terrorista.

La equiparación del delito de extorsión con el de terrorismo, en conclusión, rompería con el contenido y el espíritu de las normas internacionales de en la lucha contra el terrorismo así como podría llegar a restringir significativamente las garantías procesales y penales violando los principio de necesidad y proporcionalidad sobre cuya base se autoriza la restricción de los derechos de los acusados y presos.