TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un total de tres hombres cayeron bajo las órdenes de la justicia este viernes en la aldea de Támara, ubicada en la periferia norte del Distrito Central, capital del país
Bajo la acusación de adueñarse de un área recreativa fueron detenidos un motorista de 43 años de edad, un mecánico de 45 y un comerciante de 61. Según el expediente policial, ellos son originarios y residentes del lugar donde se les apresó.
La investigación en curso contra ellos es porque habrían efectuado un intento de apropiación del parque Ekelakum en el Valle de Amarateca.
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Con amenazas y por la fuerza
De acuerdo con la versión del personal que laboraba en el parque -recabada por el Ministerio Público-, ellos tres formaban parte de una turba de 15 personas que ingresaron por la fuerza e incluso hicieron daños materiales a la propiedad.
Seguido, mediante amenazas e intimidaciones, desalojaron a los trabajadores asegurando que ellos eran los verdaderos dueños del inmueble y no se retirarían de las instalaciones.
La investigación de la Fiscalía al respecto precisa que parte del recurso humano residía en el predio del parque. El ente acusador, por tanto, califica lo ocurrido como un «atentado y perjuicio» contra estas personas.
Además, apunta que los hechores son parte de una banda de invasores de oficio que por años han venido invadiendo terrenos en la zona, aduciendo que poseen títulos ancestrales de estas tierras.
Respuesta de las autoridades
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recibió una denuncia sobre la situación, por lo que efectuó las diligencias correspondientes para recuperar el área verde.
Por lo descrito, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, emitió una orden de captura contra los tres hombres el 28 de julio. Se les atribuyó la autoría del delito de desplazamiento forzado.
Este mandato -así como sus derechos- se les hizo saber a los requeridos cuando los aprehendió un equipo conformado por agentes del Departamento de Delitos Especiales de la DPI y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
La DPI colocó a los sospechosos a la orden del juzgado competente para que continúe el proceso judicial en su contra.
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